Recientemente, ha surgido una controversia significativa en torno al video de seguridad que captura una discusión entre el presidente Rodrigo Chaves y el empresario Christian Bulgarelli. Este incidente ha llevado a la apertura de una acción judicial, que incluye una advertencia para complicar aún más la situación jurídica.

A pesar de que el audio y el tema se entrelazaron el pasado lunes, los eventos en cuestión se remontan al viernes 21 de marzo. Este episodio ocurrió apenas tres días antes del 24 de marzo, cuando el Ministro de Justicia emitió una solicitud al Instituto de Investigación de Justicia (OIJ) para obtener las grabaciones del video en cuestión. En esta misma línea, Sami Oij, un oficial del OIJ, visitó el restaurante donde se realizó la conversación entre ambas partes.

En el caso 168-Oecdo/Secdo I-2015, tres oficiales del OIJ reportan su visita a dicho establecimiento. Durante esta visita, se observó que el propietario era inicialmente un colega de Bulgarelli. Sin embargo, luego de consultar con su abogado, el propietario decidió no entregar el material solicitado, lo que llevó a las autoridades a continuar con las gestiones pertinentes para asegurar el acceso a la información. Esta operación se realiza en el marco de investigaciones vinculadas a delitos que involucran conmoción cerebral y el presunto daño a las obligaciones de los servicios públicos, donde figuras como Chaves están involucradas.

Los agentes del OIJ no solo han intentado obtener el video directamente del restaurante, sino que también buscaron hablar con el abogado del propietario para explorar otras vías de acceso al material. Durante estas gestiones, se les informó que una posible alternativa para acceder al video sería a través de una intervención más formal y detallada.

En un giro de los acontecimientos, el 25 de marzo, las instalaciones del restaurante decidieron enviar los archivos del video electrónicamente al OIJ, lo que permitió una revisión más extensa del material. Ya con el archivo digital en su posesión, la unidad especializada contra el crimen organizado de OIJ se dedicó a analizar el contenido del video en cuestión.

OIJ Verifique 4 minutos, 19 segundos

El video revela un evento que tuvo lugar entre las 12:32 y 12:36 horas del 21 de marzo. Durante este periodo, se observa a Bulgarelli disfrutando de su comida en el lugar, momento en el cual el presidente Chaves se acercó a él, acompañado por el diputado Pilar Cisneros. Este intercambio fue seguido por varios diálogos entre el personal del restaurante y el presidente, pero lamentablemente, el video no cuenta con audio, lo que limita la comprensión total de la interacción.

Se han notado otras circunstancias relevantes, como la presencia de los escoltas del presidente y la intervención de Cisneros, que aparentemente intentó llevar a Chaves de regreso. Aunque el intercambio no fue completamente documentado, el OIJ ha citado a Chaves considerando que asume «responsabilidad por provocar tal cambio sin justificación en ese momento».

Parte del archivo principal

Los eventos retratados en el video forman parte de la carpeta con número 25-000019-0033-PE. Según información proporcionada por el Ministerio Público, se argumenta que hubo un intento de eliminación del empresario Bulgarelli de su compañía, RMC LA SA, para que este brindara servicios de comunicación, marketing, asesoría estratégica y análisis para la oficina presidencial en Costa Rica.

El pasado lunes, el Ministerio Público presentó denuncias contra el presidente Dchaves Robles y el actual ministro de Cultura y Juventud, Jorge Rodríguez Vives, señalando la posibilidad de que se haya cometido un delito de conmoción cerebral. Esta acusación conlleva sanciones que pueden variar entre 2 y 8 años de prisión para cualquier funcionario público que abuse de su cargo para forzar o inducir a alguien a ofrecer beneficios inapropiados a él o un tercero.

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Un hecho que destaca en este proceso es la participación de Bulgarelli como “testigo de la corona”. En su exposición, la Fiscalía argumenta que Bulgarelli fue presionado para ofrecer beneficios indebidos en el marco de la integración económica de América Central, en aras de lograr un acuerdo con la administración presidencial.

Además, se sostiene que, antes de cualquier acuerdo, varios oficiales se comunicaron con él y mantuvieron diversas reuniones en el edificio presidencial para discutir los términos de su contrato, lo que sugiere una serie de irregularidades en el proceso de reclutamiento. Estas revelaciones subrayan la complejidad y la gravedad de la situación que rodea a estas figuras públicas, y la necesidad de esclarecer los hechos a través de un procedimientos judicial adecuado.