El presidente de la República, Rodrigo Chaves, ofreció una respuesta el miércoles a la inquietud sobre si estaría dispuesto a renunciar a su inmunidad con el objetivo de afrontar las acusaciones que se le han formulado, específicamente sobre un presunto delito de conmoción cerebral. Este argumento fue presentado por el abogado y general Carlo Díaz. La relación de este tema con el liderazgo del presidente parece haber generado un amplio interés y un debate significativo en la esfera pública.

El presidente Chaves mencionó que en situaciones como estas, se asemeja a un juego de ajedrez, donde es fundamental no revelar todas las cartas y estrategias en la lucha contra lo que él describe como mafias o ejércitos criminales que se encuentran operando en el país. Su comentario sugiere que está en una posición de ser cuidadoso y estratégico, posiblemente en un intento de proteger tanto su administración como su reputación personal, aunque el contexto de la acusación es grave.

«¿Para qué?

Previo a la declaración del presidente, la Ministra de Ciencia y Tecnología, Paula Bogantes, hizo una enérgica demostración de apoyo a Chaves, declarando en «nombre de todos los ministros» su respaldo incondicional al líder de la nación. Durante su intervención, describió la situación como un «enjuiciamiento» que puede ser perpetrado por el ministerio público en contra de las altas figuras del ejecutivo. Esta defensa resuena con un sentido de indignación por lo que consideran un ataque injustificado y una manipulación del sistema judicial.

Además, Bogantes enfatizó que aquellos que están detrás de lo que ella considera una supresión de las figuras gubernamentales están totalmente equivocados si piensan que esta estrategia de intimidación podrá amedrentar a un pueblo costarricense decididamente resuelto. «No asustarán a una gente costarricense que ya no quiere ser controlada por gabinetes corruptos», argumentó con firmeza la ministra, sugiriendo que hay una fuerte resistencia por parte del pueblo hacia cualquier forma de corrupción o abuso de poder.

En este contexto, se menciona al fiscal Díaz, quien ha presentado un archivo ante la tercera sala judicial, en el cual se revela la supuesta entrega de un regalo valorado en $32,000 al eje presidencial, que incluye al asistente Federico Cruz, apodado ‘Choreco’. Esta transacción presuntamente fue orquestada por el productor Christian Bulgarelli, quien, según la versión del fiscal, fue coaccionado por el presidente Chaves en el contexto de un contrato por $405,000. Sin dudas, estas acusaciones tienen el potencial de afectar la imagen del presidente y su gobierno de formas significativas.

Bulgarelli, por su parte, ha sido catalogado como un «testigo de la corona» en este caso que está en marcha contra el presidente Chaves, agregando más complejidad al panorama legal que enfrenta. Según la constitución política, se reconoce una inmunidad especial para el presidente, los vicepresidentes, los magistrados y otros funcionarios de los más altos niveles de poder, lo que implica que cualquier acusación criminal debe ser tratada a través de un procedimiento que eleve la jurisdicción, o que estos mismos funcionarios acepten dicho procedimiento.