«Muy sí». Este contundente anuncio fue realizado por el presidente Rodrigo Chaves, quien contempla la posibilidad de vetar un proyecto de ley que busca otorgar a los agentes del Instituto de Investigación Judicial (OIJ) la opción de pensionarse a la edad de 55 años.

Esta iniciativa legislativa fue presentada inicialmente por el diputado independiente Dragos Dolanescu durante el período 2018-2022. La propuesta fue retomada y reintroducida por la diputada Verdiblanca Alejandra Larios en la actualidad, generando así un considerable debate en la Asamblea Legislativa.

El documento pertinente, identificado como el 22,817, obtuvo la aprobación el pasado lunes, respaldado por el voto de 32 suplentes en el Parlamento. Este respaldo sugiere un nivel significativo de apoyo entre los legisladores hacia la iniciativa.

El presidente Chaves justificó su postura en defensa del bien público, argumentando que no es viable que los agentes de seguridad tengan acceso a una pensión a tan temprana edad. En su discurso, intentó trazar una comparación con otros cuerpos policiales, enfatizando las dificultades y peligros que enfrentan en su trabajo diario.

«Estos profesionales se enfrentan a situaciones de gran riesgo, y su labor, la cual puede incluir portar hasta cinco kilogramos de equipo, es desempeñada en condiciones adversas, como en las montañas. Un ejemplo claro es el caso de Maynor Martínez, un oficial de policía fronteriza que perdió la vida mientras cumplía con sus deberes, , y quienes trabajan bajo un régimen de rotación estresante», detalló posteriormente en una conferencia de prensa.

Además, Chaves mencionó un diálogo crítico acerca de la relación entre ciertos partidos políticos y el poder judicial, apuntando con sus declaraciones al presidente del Parlamento, Rodrigo Arias, aludiendo a una especie de complicidad en la creación de normas que favorecen a intereses específicos, como los del Ministro de Justicia, Carlo Díaz.

Por su parte, Nogui Acosta, Ministro de Finanzas, hizo un análisis sobre el impacto financiero de este tipo de decisiones, señalando que el Comité de Pensiones del Poder Judicial enfrenta un déficit considerable de ¢ 804,000 millones.

Acosta enfatizó que decisiones como estas contribuyen a agravar la situación financiera, creando un impacto negativo que, en última instancia, afectaría a todos, mientras que aquellos que poseen recursos podrían eludir las repercusiones de tales leyes. «Las decisiones que se toman en esta sesión legislativa, que parecen dirigidas a beneficiar a unos pocos, terminarán perjudicando al resto de la población», subrayó el jefe del Tesoro.

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El plan

Este proyecto de ley tiene como objetivo permitir que los agentes del OIJ se jubilen con una pensión que equivaldría al 82% del promedio de sus últimos 240 salarios mensuales. Esta cifra se ajustará de acuerdo con el índice de precios al consumidor (IPC) durante un tiempo correspondiente, alineándose con las condiciones de otros servidores públicos.

El proyecto incluye, además, el artículo 226, donde se especifican las condiciones para acceder a una jubilación anticipada, en caso de no cumplir con el tiempo mínimo de servicio requerido.

Dicho artículo establece:

«Si el retiro ocurre cuando el servidor o la servidora cumple con los requisitos de edad, o más años, pero antes de alcanzar treinta años de servicio, la pensión no se calculará proporcionalmente según los años si se han completado los años mínimos de servicio requeridos».

Para ajustar el monto de la pensión, el método estipula que la cantidad promedio fijada en el artículo anterior debe ser multiplicada por el número de años de servicio y luego el resultado debe ser dividido entre treinta; así se obtendrá el monto final.

La discusión final sobre este proyecto se reprogramó para el próximo 8 de abril. Una vez que el proyecto sea recibido en el edificio presidencial de CASA, el presidente Chaves contará con un plazo de 10 días hábiles para ejercer su derecho a veto, lo que enviaría la ley de regreso a la sesión legislativa.

En caso de que esto ocurra, se requerirían al menos 38 votos para superar el veto del presidente y transformar el proyecto en una Ley de la República, a pesar de las reservas expresadas por el mandatario. De no lograrse los votos necesarios, el proyecto será desestimado.

Comentarios adicionales: Los agentes iniciaron el primer debate sobre el proyecto que permite a los agentes del OIJ acceder a una pensión a partir de los 55 años de edad.