Durante un periodo de seis meses, Gustavo Recio, un vecino de San Ramón y trabajador independiente, fue declarado fallecido legalmente, a pesar de que él se encontraba muy vivo. Esta inusual situación comenzó como consecuencia de un accidente laboral que se transformó en una pesadilla tanto administrativa como legal debido a un error médico que lo declaró muerto en 2021.

El accidente que ha cambiado todo

En noviembre de 2021, Gustavo sufrió una caída fuerte mientras estaba en el proceso de instalación de una etiqueta y tuvo que ser trasladado de emergencia a los hospitales de San Ramón y México. En un principio, después de recibir el alta médica, parecía que su vida iba a regresar a la normalidad. Sin embargo, la tranquilidad no duró mucho, y pronto se desató la confusión y el caos.

Todo comenzó un día cuando, al intentar hacer una compra, un conocido lo sorprendió con la inesperada noticia: “Gustavito, has muerto en el registro”. Desde ese momento, su vida se tornó extremadamente complicada; todos sus pagos fueron rechazados, no pudo emitir facturas, y sus cuentas bancarias fueron cerradas. Para colmo de sus problemas, se enteró de la existencia de un certificado de defunción firmado a su nombre.

Las consecuencias de la ‘muerte’

Durante seis meses, Gustavo no existió legalmente: le fue imposible emitir votos, generar facturas o acceder a servicios bancarios. Este erróneo estado legal le causó múltiples inconvenientes y un daño emocional considerable. El tribunal de ética médica clasificó este error como leve, lo que resultó en una sanción escrita para el médico que cometió la falta. Sin embargo, Recio considera que esta penalización es absolutamente insuficiente en relación con el daño que sufrió.

Demandará al CCSS

Sintiéndose respaldado por su abogado, Gustavo tiene la firme intención de acudir al Tribunal Contencioso Administrativo para reclamar una compensación por los daños morales y materiales que ha sufrido debido a esta inusitada situación. Esta acción legal tiene como objetivo responsabilizar tanto al médico que cometió el error como al Fondo de Seguridad Social Costarricense (CCSS) por los problemas derivados de su declaración de muerte.

Gustavo pretende que el CCSS asuma la responsabilidad por los daños causados, considerando el impacto tanto económico como emocional que ha tenido en su vida. Su enfoque es luchar con todas las herramientas legales a su disposición, buscando un juicio judicial a su favor que no solo lo rehabilite legalmente, sino que también le brinde alguna forma de justicia y compensación.

*Con información de Gustavo Castro, noticias adicionales.