El Unión Costa Rica de Cámaras y asociaciones del sector empresarial privado (UCCAEP) Se opone al país para adoptar la Convención 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre la eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo.

Aunque esta entidad representativa del sector empresarial, cualquier manifestación de la violencia y el acoso del trabajo, y la política de la prevención, la sanción y la erradicación de este comportamiento apoyan firmemente, se cree que la ratificación del Acuerdo 190 no es el mecanismo apropiado para fortalecer estos objetivos en el contexto de Costa Rican.

Esto por -Law ya fue elegido por 37 delegados el 28 de abril, y actualmente se encuentra en el análisis de la sala constitucional para ser pronunciado por el Fondo y la forma en que ha sido aprobado, y si tiene fricción con la Carta Magna.

Riesgos e implicaciones para el país

El UCCAEP contiene una serie de peligros que contienen esta legislación en sus criterios:

• Ambigüedad legal y exceso de responsabilidades para el empleador: El texto del acuerdo despierta obligaciones vagas e ilimitadas para los empleadores, como responder a hechos fuera del lugar de trabajo, durante los desplazamientos, en espacios públicos o incluso para situaciones de violencia doméstica. Esta ambigüedad genera incertidumbre legal y abre la puerta al azar.
• Desproporcionado en las PYME: Las pequeñas y medianas empresas no tienen departamentos legales o estructuras de cumplimiento sólidas. El estricto cumplimiento del Acuerdo 190 sería inalcanzable para muchos de ellos, exponiéndolos a sanciones o conflictos laborales, y desanimó la formalidad y el emprendimiento.
• Invasando en la esfera privada del trabajador: El empleador obtiene una carga excesiva al involucrarla en problemas domésticos o personales de sus empleados, lo que excede los límites razonables de la relación laboral y puede violar los derechos constitucionales como la intimidad.
• El riesgo de interpretación está en conflicto con la constitución política: La aprobación del acuerdo puede generar choques regulatorios y incertidumbre legal, debilitar el principio de legalidad y el papel exclusivo de la Asamblea Legislativa en la interpretación y creación normativa.

Además, señalan que la legislación nacional ya es suficiente y que Costa Rica tiene un marco legal sólido, incluido el Código Laboral, la Ley de Alojamiento Sexual (Ley 7476), la reforma procesal laboral y varios acuerdos internacionales ya ratificados.

El país tiene 47 acuerdos de OIT en el poder, incluidos los fundamentos.

“La prioridad nacional debe centrarse en la generación de empleo, fortalecer el diálogo social y garantizar que las regulaciones sean claras, razonables y aplicables a la realidad nacional, especialmente en beneficio de las empresas micro, pequeñas y medianas, que representan más del 97.5% de los formularios de la tela comercial costarricense”, dijeron en un funcionario del funcionario.