La Corte Suprema de Elección (TSE) emitió un comunicado el miércoles, alertando sobre la situación relacionada con las acciones del presidente de la República, Rodrigo Chaves. En este aviso, el TSE hace un llamado a la prudencia, pidiendo al presidente que se abstenga de realizar protestas o cualquier tipo de acción que pueda afectar la política electoral y la imparcialidad que deben mantener las autoridades en sus funciones.

Esta medida se enmarca dentro de la iniciativa más amplia del TSE para garantizar un entorno electoral justo, que incluye la promoción y presentación de una solicitud de protección electoral presentada por el científico político Claudio Alpízar el 25 de marzo del presente año. Dicha solicitud subraya la necesidad de salvaguardar las normas electorales en un periodo crucial, marcando un hito en la lucha por la equidad en las elecciones.

En su comunicado, el TSE señala que esta acción es un recordatorio claro para Chaves Robles, advirtiéndole que debe evitar cualquier manifestación o comportamiento que pueda comprometer las garantías de imparcialidad que establece la Constitución Política en su artículo 95.3. Esta disposición establece que los funcionarios públicos deben actuar con independencia y sin influir en la autodeterminación de los votantes.

“El presidente está específicamente obligado a no utilizar recursos públicos de ninguna índole para influir en la decisión de los votantes. Por lo tanto, queda prohibido realizar cualquier manifestación o acción que de alguna manera beneficie a partidos, candidatos o movimientos políticos que busquen representación en las elecciones de 2026 hasta que la gestión de protección electoral sea resuelta por el TSE”, recalca el texto del comunicado.

El incumplimiento de esta orden de precaución dictada por los magistrados del TSE, en su función como jueces del país, podría llevar a la comisión del delito de desobediencia, tal como está establecido en la Ley Penal. Esta es una advertencia seria que pone de relieve la importancia de cumplir con las directrices establecidas por el TSE para preservar la integridad de los procesos electorales en el país.

En relación con la apelación presentada para la protección electoral, se especifica que esta solicitud es revisada en la sección especializada del TSE, la cual está compuesta por tres magistrados y magistrados suplentes encargados de dirimir controversias electorales. Su función es crucial, ya que su resolución puede afectar directamente a la legitimidad del proceso electoral en cuestión.

A medida que la gestión del presidente Chaves continúa generando dudas sobre la imparcialidad, Alpízar Otoya argumenta que las acciones y las manifestaciones del presidente están en conflicto con los principios constitucionales de justicia y equidad que es vital mantener para la correcta realización de un proceso electoral. Se destaca que estas situaciones podrían dar lugar a supuestas violaciones de los derechos fundamentales establecidos en la Constitución durante el ciclo electoral.

La admisión de la protección electoral conlleva la necesidad de una audiencia con el gobierno, por lo que se estipula que, dentro de los tres días posteriores a la notificación de la decisión, bajo juramento se deben presentar los hechos alegados. En caso de que no se responda a esta solicitud de manera oportuna, se considera que los hechos expuestos serán aceptados como ciertos, lo que establece un procedimiento claro y transparente en este contexto político tan dinámico.