La Corte Suprema de Elecciones (TSE) ha tomado la decisión de reconocer la medida de protección electoral que se interpuso contra el presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles. Esta decisión se produce en respuesta a una queja formal presentada por Claudio Alpi Otoya, quien argumenta que las acciones del presidente han comprometido la imparcialidad que exige nuestra Constitución.

En el contexto de esta resolución, el presidente Chaves ha sido instruido a abstenerse de realizar cualquier acto o emitir declaraciones que puedan perjudicar la imparcialidad necesaria, tal como se estipula en el Artículo 95 de la Constitución Política. Este artículo establece claras directrices acerca de la neutralidad requerida por parte de los funcionarios públicos, especialmente en períodos preelectorales.

La utilización de recursos públicos con el propósito de influir en la autodeterminación de los votantes está expresamente prohibida. En este sentido, se ha dejado claro que el presidente debe evitar cualquier manifestación o comportamiento que pueda beneficiar o perjudicar a los partidos políticos, así como cualquier acción relacionada con las elecciones generales que se llevarán a cabo en 2026. De este modo, se busca proteger la integridad del proceso electoral y garantizar que los votantes puedan ejercer su derecho al voto de manera libre y justa.

El incumplimiento de esta medida cautelar podría interpretarse como un delito de desobediencia, según las disposiciones establecidas en el Código Penal. Este aspecto subraya la severidad de la situación y la responsabilidad que posee el presidente en el ejercicio de sus funciones.

La resolución fue emitida el 3 de abril de 2025 y aborda la presunta violación de los principios constitucionales que rigen la imparcialidad y equidad en los procesos electorales del país. La queja presentada el 25 de marzo de ese mismo año alegaba que las acciones del presidente afectan negativamente la equidad del proceso electoral y minan la imparcialidad del gobierno en relación con las elecciones.

Tras un análisis preliminar, el TSE determinó que los hechos expuestos en la queja podrían constituir una violación de los derechos políticos consagrados en la Constitución. Como resultado, se procedió a clasificar la gestión como una medida de protección electoral.

Este caso está siendo gestionado por un comité especializado dentro del TSE, el cual está compuesto por otros comisionados del condado encargados de resolver disputas sobre términos controversiales, incluidos los que llevan a sanciones del tribunal.

El presidente Chaves tiene un plazo de tres días hábiles para responder bajo juramento a los hechos especificados en la queja. Si no se presenta una respuesta dentro de este plazo, se presumirán ciertos los hechos alegados en la demanda.

Varias quejas para militares

La Corte Suprema de Elecciones (TSE) actualmente está investigando al menos tres quejas relacionadas con la situación de guerra política contra el presidente Costa Rica. La más reciente, anunciada el 20 de marzo, marca la apertura de una nueva investigación en torno a las alegaciones en contra de Rodrigo Chaves Robles.

Esta nueva pesquisa se origina a partir de una queja colectiva presentada por varios ciudadanos, entre ellos Oscar Aguilar Bulgarelli, Oscar Castillo Rojas, Erick Sojo Marín, Marco Castillo Rojas, Rodrigo Humberto Campos Hernández, Rocío Ramírez Varela y Giovanni Alexander Delgon Castro. Los sujetos de la queja han señalado la influencia del presidente en sus múltiples presentaciones públicas, donde sus discursos parecen desviar hacia una propaganda política que vincula su imagen con la del Jaguar, un símbolo visible en la moneda de uno de los partidos que están actualmente en el proceso de registro electoral.

Estas razones se añaden a otras dos causas que también están bajo revisión en la corte. Estas están relacionadas con cinco incidentes que tuvieron lugar durante conferencias de prensa en diciembre y enero, además de un acontecimiento especifico que se transmitió en un canal de televisión el 8 de diciembre de 2024, donde se discutieron temas clave relacionados con el futuro político del país.

En esta última queja, los seguidores de Chaves fueron instados a considerar la elección de 40 o 45 suplentes para las elecciones programadas en 2026. Las quejas han sido formuladas por figuras del Partido Nacional de Liberación, como Allen Sola y Ricardo Sancho, así como por ciudadanos preocupados, como José Fabián Solano y Gonzalo Coto, además de Antonio Ortega, diputado del Partido Frente Amplio. Este contexto de conflicto político sigue generando un ambiente electoral tenso mientras el país se aproxima a sus próximas elecciones.