La Corte Suprema de las elecciones en nuestro país ha tomado una decisión crucial al abordar un nuevo caso relacionado con el sentido político de la guerra, centrándose en esta ocasión en la ex ministra de la Presidencia, Laura Fernández. Este hecho resalta la importancia que la Corte le otorga a la integridad del proceso político y electoral en el contexto actual del país, marcado por una creciente polarización y acusaciones de manipulación política.

En dos resoluciones emitidas el 27 de marzo de 2025, la sección especializada del Tribunal Supremo Electoral (TSE) atendió dos quejas distintas que fueron presentadas en el marco de la lucha política que se desata en nuestro entorno. Estas quejas procedieron de un grupo de ciudadanos conformado por Óscar Aguilar Bulgarelli, Óscar Castillo Rojas, Erick Sova Marín, Marco Castillo Rojas, y Rocío Frías Varela. La segunda queja provino del Diputado Antonio Ortega, quien forma parte del Partido Frente Amplio, quien también se unió a las acusaciones.

El núcleo de ambas quejas se relaciona con una conferencia de prensa llevada a cabo el 30 de enero de 2025, durante la cual el gobierno anunció, entre otros aspectos significativos, la renuncia de la ex ministra Laura Fernández. Durante este evento, la figura del entonces ministro hizo alusión a un PIN asociado con el símbolo de un jaguar, lo cual ha generado interpretaciones diversas y controversias en torno a su significado político. La acusación del Diputado Ortega destaca el uso de este símbolo como una estrategia de guerra política, un término que abarca acciones dirigidas a desestabilizar a un oponente mediante tácticas de desinformación y manipulación.

El grupo ciudadano, además de lo anterior, sostiene que el símbolo del jaguar que menciona el ministro también es considerado como el emblema de una formación política que se encuentra actualmente en proceso de registro. Esta conexión añade una capa adicional a la situación, ya que plantea interrogantes sobre la posible utilización de símbolos políticos en un ámbito que debería ser neutral y respetuoso de las normas del proceso electoral.

Los remedios para la inspección electoral encargados son evaluar y proporcionar investigaciones preliminares sobre los hechos que han sido denunciados. Es importante destacar que la inspección electoral es un procedimiento interno del TSE, el cual posee diversas funciones que incluyen la frecuencia de realizar sanciones y procedimientos de control que garanticen la correcta aplicación de las normas. Sin embargo, es fundamental aclarar que esta inspección no actúa como un cuerpo decisivo en el sentido pleno de la palabra, ya que los casos que requieren una resolución judicial son competencia de los jueces electorales dentro de la sección especializada.

Cabe mencionar que el mismo organismo electoral también ha ordenado la apertura de tres investigaciones adicionales en el contexto de esta campaña política, pero estas se centran en el presidente de la república, Rodrigo Chaves. Este contexto resalta la atmósfera tensa y conflictiva que se vive en el ámbito político y electoral, donde las acusaciones de guerra política parecen ser cada vez más frecuentes y complejas, poniendo a prueba la legislación y el manejo político del país.