La Defensoría del Pueblo intervino ante la suspensión de las licencias de atención, subsidio esencial que garantiza el apoyo a poblaciones vulnerables.

La medida busca una solución económica temporal para cientos de familias afectadas.

La suspensión de estos pagos, comunicada por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), se debe al agotamiento presupuestal de las transferencias del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (FODESAF).

Este beneficio económico es crucial para brindar atención digna, continua y emocional a quienes la necesitan. Para la Defensoría del Pueblo, la interrupción del subsidio agrava el estado de vulnerabilidad de las familias que ya están viviendo el impacto emocional y económico de una enfermedad grave.

Los detalles

La Defensoría del Pueblo acudió a cuatro entidades clave cuya población objetivo se ve directamente afectada:

• PANÍ (Fideicomiso Nacional para la Infancia)
• CONAPAM (Consejo Nacional de las Personas Mayores)
• INAMU (Instituto Nacional de la Mujer)
• CONAPDIS (Consejo Nacional de las Personas con Discapacidad)

El objetivo central es que estas entidades evalúen la viabilidad de destinar recursos presupuestarios propios para cubrir temporalmente los subsidios correspondientes a las licencias de atención.

Población afectada

Los subsidios suspendidos están destinados a familiares o personas que tengan a su cargo el cuidado de:

• Menores.
• Adultos mayores.
• Personas con discapacidad.
• Mujeres que cuidan de esta población enferma terminal o grave.

La Defensoría del Pueblo ha recibido hasta la fecha 21 denuncias relacionadas con esta suspensión.

El Defensor Adjunto del Pueblo, Juan Carlos Pereira, destacó la urgencia de la situación:

“La suspensión del subsidio agrava el estado de vulnerabilidad de estas familias, quienes, además del impacto emocional y económico de una enfermedad grave, no pueden acceder a un beneficio que les permita brindar una atención digna y constante a las personas bajo su cuidado y protección”.

La solicitud de la Defensoría del Pueblo a las cuatro entidades busca definir mecanismos permanentes para la sostenibilidad de los subsidios.

Mientras tanto, la atención se centra en encontrar oportunidades económicas temporales con las poblaciones objetivo bajo el control de cada entidad, en consonancia con su mandato de protección integral.