El oficial adjunto encargado de la decisión, Pilar Cisneros, mostró gran descontento tras el anuncio de que «la reforma constitucional se propuso con el objetivo de facilitar la realización de un referéndum respecto a las pensiones, especialmente aquellas que se califican como ‘lujosas’.» La situación se ha vuelto tensa, ya que los ciudadanos parecieran estar excluidos de una decisión que podría impactar sus vidas directamente.

Recientemente se propuso una modificación al artículo 105 de la constitución política en el contexto de una iniciativa llamada «Deceto». Esta propuesta tenía como fin que la ciudadanía decidiera si se debían eliminar esas pensiones que han generado tanto debate. Se esperaba que, a través de esta reforma, los votantes pudieran expresar sus opiniones y escoger el futuro de un tema tan controvertido.

Sin embargo, el Observador reportó la negativa del organismo legislativo a seguir adelante con este proyecto. Después de una prolongada discusión, el miércoles se completó el proceso legislativo; se llevaron a cabo la tercera lectura y la votación sobre la acción que hubiera permitido la creación de un comité legislativo para analizar más a fondo la propuesta y decidir si el Parlamento debía continuar con la iniciativa o no.

Lamentablemente, el número de votos a favor fue insuficiente: se registraron solo 16 votos a favor frente a 25 en contra, lo que resultó en la muerte de la propuesta. Este desenlace fue declarado por el presidente interino del Parlamento, Carlos Felipe García, quien ocupa el cargo de secretario de la Legislatura. «La lista va al archivo», comunicó, reflejando la resignación ante la situación actual.

En esta votación, los que apoyaron la propuesta fueron los miembros del partido Pusc y de la Nueva República, mientras que se opusieron partidos como PLN, Frente Amplio, PLP y diversos suplentes independientes.

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Un monto millonario

Para Cisneros, el hecho de que se haya rechazado la discusión sobre la reforma constitucional llega a ser un acto de despojo, ya que considera que se están «robando» 265,000 millones de pesos.

En sus propias palabras: «Si realmente estuviéramos actuando en consonancia con la constitución y la ley (recordando que todos somos iguales ante la ley), no debería existir una pensión de lujo. Debería estar completamente erradicada», afirmó la legisladora con firmeza.

Adicionalmente, mencionó que el costo de estas pensiones asciende a la impresionante cifra de 265 mil millones anuales. «Esto es un verdadero robo que nos priva de recursos que podríamos utilizar para invertir en infraestructura, como carreteras, educación, seguridad, becas, y demás necesidades esenciales», añadió.

Durante una discusión posterior, que trataba sobre otra iniciativa destinada a aumentar la financiación para la construcción o reparación de puentes, Cisneros aprovechó la ocasión para volver a plantear el tema de las pensiones de lujo. Explicó que no es posible mantener sumas tan elevadas destinadas a personas que no las ganaron a lo largo de su vida laboral, y que sería preferible utilizar estos fondos para mejorar la infraestructura del país.

El resultado de esta votación fue definitivo, lo que significó que las reformas anunciadas en abril de 2023 fueron desechadas en el ámbito legislativo, cerrando así la puerta a una posible revisión de este polémico tema.