La solicitud de opinión consultiva presentada por el Gobierno a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) sobre el proyecto de ley 24.786 contra pensiones suntuarias se enfrenta a que el tribunal no da una conclusión sobre el contenido de la consulta, o que “puede tener una interpretación con fines electorales”, advierten especialistas consultados por .

El 15 de enero, la Presidencia anunció a través de sus redes sociales que había enviado la solicitud de opinión consultiva sobre el proyecto de ley a la Corte Interamericana, alegando que las pensiones de lujo habían generado “fuertes quejas de la ciudadanía” y calificó estos beneficios como “abusos”.

Sin embargo, por el momento se desconoce el texto completo de la solicitud de consulta y aún no está disponible en el sitio web de la Corte Interamericana. El tribunal tampoco anunció la solicitud a través de sus redes sociales.

Lea también: Gobierno consulta al Tribunal de Derechos Humanos sobre pensiones de lujo

Las opiniones consultivas a la Corte Interamericana son un mecanismo a través del cual los Estados miembros solicitan criterios técnicos sobre la compatibilidad entre la normativa interna y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

}A través de las respuestas a estas consultas, la Corte orienta a los Estados sobre la protección de los derechos humanos previstos en la Convención Americana.

El artículo 64 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, también conocida como “Pacto de San José”, establece que los Estados miembros pueden consultar la interpretación de la misma Convención u otros tratados sobre la protección de los derechos humanos en los Estados americanos. Al mismo tiempo, la Corte Interamericana podrá, a solicitud de un Estado miembro, emitir opiniones sobre la compatibilidad de cualquiera de sus normas internas con respecto a instrumentos internacionales.

Lea también: Ofertas polémicas: investigan presuntos acuerdos de PPSO con evangélicos

¿Procederá la solicitud de Costa Rica?

En opinión del especialista en relaciones internacionales, Luis Varela, la consulta es procedente -porque cualquier Estado puede realizar consultas-, aunque duda que el tribunal tome una decisión de fondo sobre la consulta porque se solicita un “criterio de oportunidad” a partir de una norma propuesta dentro del país, que excede las competencias de la Corte.

“La Corte no tiene competencia para pronunciarse sobre una norma propuesta. La función de la Corte se limita exclusivamente al control de convencionalidad, es decir, a determinar si la norma viola el Tratado de San José u otros tratados de derechos humanos”, dijo Varela.

El comunicado de la Cámara Presidencial menciona que la consulta busca corregir abusos, “eliminar privilegios”, algo que Varela considera cuestiones de oportunidad o conveniencia interna que están fuera de la competencia de la Corte.

Lea también: Advertencias de la UCR por encuestas falsas en redes sociales

Luis Varela, especialista en temas del sistema interamericano. Foto: .

Se valoran los derechos adquiridos de los pensionistas

En opinión del abogado Boris Molina Mathiew, una decisión sobre pensiones de lujo implica un impacto directo sobre los derechos humanos adquiridos por los pensionados, lo cual está previsto en la jurisprudencia de la Corte.

“Por lo que la emisión de esa medida tendrá un impacto absolutamente directo (en los derechos de los pensionados) una vez que pase el filtro de admisibilidad”, afirmó Molina.

El especialista advirtió que, una vez permitida la consulta, se fijará tiempo para que otros estados, organizaciones sociales y particulares se refieran y expresen sus diferentes opiniones sobre el tema.

Aplicación en contexto electoral

En opinión del politólogo Sergio Araya, el anuncio de esta acción a 16 días de las elecciones generales en Costa Rica podría convertir la medida en una interpretación electoral. Sin embargo, advirtió que la opinión del tribunal no llegará pronto.

“Este es un momento de carácter electoral donde todas las acciones, ya sean realizadas directamente por los partidos, sus candidatos o incluso algunas acciones realizadas por el gobierno, pueden entenderse directa o indirectamente como acciones con un fin electoral”, dijo Araya.

Candidata oficialista así lo considera en su propuesta

En ese sentido, la eliminación de las pensiones de lujo forma parte de las propuestas de campaña de la candidata del oficialismo, Laura Fernández Delgado.

según usted plan de gobierno Disponible en el Tribunal Supremo Electoral (TSE), Fernández propone impulsar reformas legales para eliminar las pensiones, alegando que buscarán “garantizar la sostenibilidad de todo el sistema de pensiones y asegurar que haya justicia para todos los asegurados”.

Además, el proyecto de ley para reducir las pensiones de lujo fue presentado ante la Asamblea Legislativa por el presidente Rodrigo Chaves, Laura Fernández, en su calidad de Ministra de la Presidencia; Nogui Acosta Jaén, Ministro de Hacienda; y Andrés Romero Rodríguez, Ministro de Trabajo y Seguridad Social.