El Presidente de la República, Rodrigo Chaves, se refirió a los incidentes recientes relacionados con la Oficina del Fiscal y el Instituto de Investigación Judicial (OIJ), calificando los 23 ataques realizados el martes como “ni siquiera un espectáculo, sino un circo”. Estas operaciones formaron parte de un seguimiento a un caso oscuro que continúa generando controversia.

En una conferencia de prensa llevada a cabo el miércoles, Chaves expresó su descontento, afirmando: “No fue un espectáculo, sino un circo y un desperdicio de recursos que es una desgracia para la conciencia nacional, actos excesivos que representan un desafío para la población de Costa Rica”. Su declaración sugiere que estos eventos han sido más dañinos que beneficiosos para la comunidad.

El presidente opinó que el enfoque adoptado durante los ataques no estuvo destinado a resolver el problema, sino más bien a crear una “bufanda de ópera” diseñada para hacer reír a los “asistentes”. Según su perspectiva, lo acontecido fue una acción aterradora que busca desincentivar a los miembros del gobierno de cumplir con sus responsabilidades cuando el país más lo necesita.

Chaves también lanzó una advertencia al poder judicial, enfatizando que “no vamos a arrugar, doblar o romper”, transmitiendo su determinación para no ceder ante presiones externas.

Entre los lugares que fueron objeto de los ataques se encuentra la vivienda del ex Ministro de Obras Públicas y Transporte, Mauricio Batalla, quien, junto con el Ministro de Justicia, Carlo Díaz, se encontraba presente en el lugar al momento del operativo. También fueron arrestados otros funcionarios, incluido el comandante Alejandro Picado y el inspector de CNE, Candy Villabos.

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Lo hicieron bien, dice el gobierno

Desde el gobierno, se defienden las acciones adoptadas, asegurando que son las correctas y confiando en la opinión de Eduardo Mora, jefe del Fondo Legal CASA, quien habló en un video circulante. Además, se enfatizó la declaración del abogado José Miguel Villabos, quien representa al Presidente Chaves. Este último sostiene que los recursos del Comité de Emergencia (CNE) podrían haber sido utilizados para arreglar la pista del aeropuerto de Liberia, algo que contrasta con las declaraciones del fiscal Díaz, quien alegó posibles irregularidades.

Mora también mencionó que el entonces Ministro de Obras Públicas y Transporte, Luis Amador, había firmado un informe que indicaba que la tormenta Bonnie había influido en la situación de la pista. Recordó que, cuando se otorgó el contrato, la compañía Meco SA había realizado una valiosa reapertura, lo que condujo a una reducción de $4 millones en el costo total del trabajo, inicialmente estimado en $40 millones.

Sin embargo, el director del CEO de Central Aviation se negó a firmar ese ajuste, lo que llevó a adoptar un nuevo enfoque mediante la intervención de un experto internacional, a pesar de la oposición de la unidad ejecutiva que había rechazado a la empresa. Esto culminó en la remoción de miembros de esa unidad y en el nombramiento de otros responsables en sus lugares.

Chaves subraya que estas acciones son necesarias para evitar accidentes y mitigar el impacto en el sector turístico del país.

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Qué pasó

La oficina del fiscal está investigando los acontecimientos en un documento identificado como 24-000454-1218-PE y se espera que se presuman irregularidades de por medio. Uno de los puntos de la investigación se refiere a la declaración de emergencia para la rehabilitación de la pista a raíz de la tormenta tropical Bonnie en julio de 2022, cuando, según Zúñiga, en 2023, la declaración de emergencia se extendió para encubrir la pista entre los afectados, a pesar de que no tenía relación con los incidentes en la región norte en ese tiempo.

Es esencial destacar que en julio de 2022, la entonces presidenta Natalia Díaz, junto con Chaves, firmaron la Comisión. Un año después, se decidió cambiar el enfoque hacia el Cantón de Liberia, utilizando fondos de CNE para financiar la reparación de la pista. Zúñiga ha declarado que su participación no tuvo implicaciones con los acontecimientos que ocurrieron en ese momento.

Se registraron arreglos por un total de $40 millones, lo que lleva a Chaves a hacer referencia a Luis Amador en marzo de 2024, ostentando que había un interés en modificar el equilibrio en la empresa de construcción. Fue en este contexto cuando se designó a Mauricio Batalla como Ministro de Obras Públicas y Transporte.

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El interés por resolver los problemas de la pista de asfalto fue evidente, sin embargo, la compañía MECO implicó un valioso reabierto al considerar que un gran volumen de trabajo había sido innecesario, pues solo era necesario restaurar la primera sección, según el portavoz del OIJ. Pero los vuelos generales que operan en la unidad no estaban de acuerdo, ya que creían que el trabajo requerido debía ser impecable, dado que se había concebido desde el inicio. La unidad tuvo que firmar el trabajo asignado después de la nueva versión del contrato.

“Dado que la implementación de la unidad se niega a firmar, finalmente surgió un debate sobre los miembros de la implementación y la unidad de combate (Ministro de MOPT) que debía respaldar la decisión de proceder con el recarpeteo”, explicó el director del OIJ.

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A pesar de que se dedujeron $4 millones del total, “solo se terminó el 33% del trabajo”, sostuvo Zúñiga. “Los cambios resultaron en recargas superficiales en lugar de mejoras sustanciales, lo que generó daños residuales y una disminución en la seguridad de la pista”. A pesar de lo anterior, la compañía no fue sancionada ni por violaciones ni por evacuación de obras, según lo expuesto por la oficina del fiscal.

La Oficina del Fiscal de Probabilidad, Transparencia y contra la Corrupción (FAPTA) considera que estas decisiones han devuelto daños económicos al estado al redirigir recursos de emergencia nacionales hacia trabajos no afectados por fenómenos naturales, lo que además violaría regulaciones de contratación pública. Según los reportes, se señala que los individuos escrutados se organizaron para dirigir el proceso de enmienda del contrato.

Adicionalmente, existe evidencia de que “se aprovecharon de la influencia política y la jerarquía que mantuvieron para impactar a funcionarios públicos, logrando la firma de una serie de modificaciones, en contraste con justificaciones técnicas emitidas previamente respecto a los cambios en cuestión”, concluyó el ministerio público.

Los tribunales de San José han llevado a cabo arrestos y se están esperando medidas cautelares. La audiencia está programada para esta tarde, tras la investigación que tuvo lugar el martes.

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