El presidente de la República de Costa Rica, Rodrigo Chaves, ha manifestado la posibilidad de renunciar a su inmunidad con el objetivo de poder afrontar las acusaciones de enjuiciamiento que se han presentado en su contra. Dichas acusaciones giran en torno a presuntos delitos relacionados con un contrato suscrito en el marco de un caso que involucra recursos del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

El abogado José Miguel Villabos, quien representa a Chaves, explicó que se está evaluando cuidadosamente cuáles serían las ventajas y desventajas de seguir un proceso legal que podría comprometer la privacidad del presidente. Villabos indicó que «existe la posibilidad de que estemos considerando las ventajas de evitar el programa que quieren hacer con esto, y después simplemente renunciar a la privacidad para enfrentar la causa en la jurisdicción normal».

El abogado sugirió que podría ser necesario esperar a ver cuánto avance tiene el proceso en la tercera sala del tribunal, que se encarga de evaluar las acusaciones y determinar si se llevará a cabo una audiencia para que el fiscal presente su caso.

En su informe del lunes, el fiscal general, Carlo Díaz, confirmó que se ha solicitado una revisión ante el tribunal de tercera instancia, lo que pone la situación actualmente en manos de esa instancia judicial.

Luego de que los comisionados de distrito efectúen su análisis, el caso avanzará hacia un tribunal completo, que posteriormente lo enviará al Parlamento donde se requerirán al menos 38 votos para levantar la inmunidad del presidente Chaves.

Villabos destacó que esta situación es histórica, dado que es la primera vez que un presidente de la República enfrenta acusaciones de esta índole. «Daremos tiempo para ver el procedimiento que el sistema judicial seguirá y luego tomaremos una decisión que coincide con el presidente», aseguró el abogado.

El delito por el que se le acusa está tipificado en el artículo 355 del Código Penal, que considera este crimen como un acto de conmoción cerebral, y establece penas de entre 2 y 8 años para los funcionarios públicos que, abusando de su cargo, inciten o faciliten la entrega o promesa de propiedades o legados de manera inapropiada.

Sin notificación

A pesar de que el ministerio público realizó un anuncio formal sobre la acusación el lunes por la mañana, el presidente aún no ha hecho declaraciones públicas al respecto. El abogado Villabos ha evitado detallar cómo ha manejado el presidente esta situación, indicando que debe mantener una relación de confidencialidad con su cliente.

A. Grupo de alternativas aseguró estar preparados para votar en favor de la renuncia a la inmunidad de Chaves. Ariel Robles, de la agrupación Frente Amplio, opinó que, además del deseo de justicia por los actos de corrupción, es pertinente que se levante la inmunidad “porque esto corresponde a la verdad y a las necesidades del proceso legal”.

Luis Diego Vargas, líder de la bancada liberal progresista, indicó que entendían la importancia de garantizar claridad en este asunto y manifestaron que apoyarían la votación para que se levante la inmunidad del presidente. En el movimiento Libertad Nacional, aún no había pronunciamiento oficial sobre la postura que adoptarán, aunque se mencionó que Vanessa Castro del Partido Unidad Social Cristiana se mostraría a favor de ello.

El tribunal de primera instancia tendrá la responsabilidad de presentar la solicitud a la sesión legislativa, estableciendo un comité especial que estará conformado por tres suplentes. Se ha informado que hay un documento clasificado que concede a la Corte Suprema, al presidente y a otras partes involucradas, acceso a dicha información.

Una vez realizado el análisis, el informe deberá ser publicado. Dentro de la legislatura, se designará un tiempo de 15 minutos a cada legislador para que expongan su opinión. Si logrando obtener el mínimo necesario de 38 votos, la decisión se elevará a la Corte Suprema para que se continúe con el proceso judicial en la tercera sala.

Consulte más: la oficina del fiscal acusa a Rodrigo Chaves y al actual Ministro de Cultura por la comunicación con BCIE Funds

La acusación

La Oficina del Ministro de Justicia ha presentado una acusación formal contra el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves Robles, y el Ministro de Cultura y Juventud, Jorge Rodríguez Vives, que anteriormente se desempeñaba como Jefe de Comunicaciones. La acusación se basa en el delito de conmoción cerebral, según la información que se hizo pública en el ministerio público esta mañana.

La investigación ha sido conducida por el Director de Derecho, y se centra en un contrato que supera los $400,000 por servicios de comunicación relacionados con recursos del BCIE. La acusación detalla que se dio una especie de trato que implicaba la contratación de la empresa RMC LA SA para ofrecer servicios de comunicaciones, marketing, asesoramiento estratégico y producción de contenido para la administración presidencial.

La Fiscalía sostiene que hubo aparente coerción a Christian Bulgarelli, encargado de la producción de audio y video para el gobierno, a quien se le pudo haber inducido a actuar de manera incorrecta en el contexto de la relación con el BCIE. Este individuo designado como asesor de campaña y control del presidente, Federico Cruz, supuestamente recibió pagos que alcanzaron los $32,000, según la documentación presentada por el ministerio público. Cruz está siendo investigado como parte del caso penal 25-000044-0033-PE.

La acusación especifica que durante el proceso de reclutamiento, los funcionarios involucrados mantuvieron comunicaciones constantes y agendaron varias reuniones en la Casa Presidencial, donde se orientó a Bulgarelli sobre la elaboración de los términos de su contrato. A pesar de estos eventos, Bulgarelli ha decidido colaborar con la Fiscalía, convirtiéndose en testigo clave en la causa.

Adicionalmente, en relación con Bulgarelli, se ha presentado otro caso mediante el expediente 25-000043-0033-PE, donde se solicitará una suspensión penal hasta que se finalice el proceso ante el tribunal. En caso de que su cooperación no sea efectiva para los intereses del Ministerio Público, el proceso penal continuaría, según ha expresado la institución.