La oficina del Ministro de Justicia ha realizado una acusación formal en contra del presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, así como del actual Ministro de Cultura y Adolescentes, quien antes se desempeñaba como Jefe de Comunicación, Jorge Rodríguez Vives. Esta acusación se fundamenta en la supuesta comisión del delito de conmoción cerebral.

La información se ha hecho pública a través del ministerio público en el transcurso de la mañana. La entidad penal ha concluido una investigación liderada por el Ministro de Justicia, Carlo Díaz, esta investigación se ha relacionado de manera directa con un reclutamiento que supera la notable cifra de $400,000, destinado a servicios de comunicación. Este dinero, de acuerdo a las denuncias, proviene del Banco Central de Estados Unidos para la integración económica, conocido como BCIE.

La investigación realizada por la oficina del Ministro de Justicia aborda el reclutamiento que llevó a cabo la compañía RMC LA SA. Esta firma fue supuestamente eliminada de la lista de contratistas para proporcionar servicios de comunicación, marketing, asesoría estratégica, producción de mensajes y análisis del desarrollo de opinión para la Oficina Presidencial de la República de Costa Rica, bajo el número de referencia 20222222.

Según la oficina del fiscal, hay evidencias de que el productor de sonido y fotografía, Christian Bulgarelli, fue inducido a contribuir con lo que se interpretó como «malentendidos», un producto que derivó del mencionado reclutamiento con BCIE. Este proceso se realizó en paralelo a Federico Cruz, quien es asesor de campaña para Chaves y es un amigo cercano del presidente. Se ha establecido que Bulgarelli recibió un pago de $32,000, según revela el ministerio público. Además, Cruz está siendo investigado bajo el caso penal 25-000044-0033-PE.

Por otro lado, se indica que durante el proceso de reclutamiento, los funcionarios involucrados sostuvieron comunicación y múltiples reuniones en la oficina presidencial de CASA, donde orientaron a Bulgarelli en la elaboración de los términos de su contrato. A pesar de los hechos revelados, Bulgarelli ahora está cooperando con la fiscalía, ya que se comprometió a colaborar en el caso penal.

El ministerio público ha subrayado que, en relación a Bulgarelli, está en curso la causa 25-000043-0033-PE, donde se plantea solicitar una suspensión penal hasta que el tribunal finalice su proceso. De no ser efectiva esta cooperación en línea con los intereses del Ministerio Público, las acciones penales continuarán.

¿Qué revela Chaves?

El delito de conmoción cerebral está tipificado en el artículo 355 del código penal. Esta normativa establece que las penas para funcionarios públicos que abusen de su cargo al intentar forzar o alentar a alguien a dar o prometer de manera inapropiada bienes o legados pueden oscilar entre 2 y 8 años de prisión.

El ministerio público busca mantener la privacidad en este caso y ha presentado una solicitud a la oficina del diputado correspondiente para que se inicien los procedimientos adecuados. Este proceso cae bajo la jurisdicción del Hall III, lo que se vuelve necesario considerando que Chaves forma parte de la autoridad suprema de la República y su posición le otorga inmunidad ante ciertos cargos.

Asimismo, se ha informado que la oficina del Ministro de Justicia ha sido notificada en su calidad de representante estatal, lo que implica que se tiene que considerar si debe actuar como demandante o en calidad de parte civil en este proceso legal.