La Comisión de Asuntos Económicos del Congreso tuvo una jornada intensa el miércoles, centrando su atención en el Archivo 24.015, que es una propuesta presentada por la fracción del Partido Cristiano de Unidad Social (PUCC). Esta iniciativa busca permitir que médicos extranjeros puedan ejercer en el Fondo de Seguridad Social Costarricense (CCSS), lo cual ha generado un amplio debate y diferencias de opinión entre las distintas fracciones políticas.

El tema se ha tornado problematico, pues la propuesta ha encontrado resistencia por parte de algunos diputados del Frente Amplio (FA) y ciertas facciones del Partido Liberación Nacional (PLN). Estos opositores argumentan que la aceptación de médicos de formación deficiente abriría «portillos peligrosos», que podrían comprometer la calidad de la atención médica y poner en riesgo la salud de los costarricenses. Según ellos, esta medida podría debilitar el sistema de salud del país en lugar de fortalecerlo.

La diputada Sofia Guillén, miembro del Frente Amplio, expresó su firme oposición a la propuesta, afirmando que «debería ser presentado y rechazado». Según Guillén, el proyecto presenta varias irregularidades e inconstitucionalidades, además de no respetar adecuadamente la autonomía tanto del CCSS como de las universidades del país. Ella mencionó que se argumenta que existe una escasez de especialistas, pero, según su perspectiva, el verdadero problema radica en que el actual gobierno no está incentivando adecuadamente a estos profesionales debido a los bajos salarios, lo que a su vez destruye el Seguro Social.

La diputada también cuestionó el hecho de que la iniciativa permitiría la llegada de médicos extranjeros «formados en lugares cuestionables», quienes estarían acreditados por un comité liderado por el Ministro de Salud. Además, a pesar de que el Colegio Médico ha sugerido que no deberían ser acreditados, los requisitos propuestos no tendrían la fuerza necesaria para prohibir su trabajo en el CCSS.

Guillén enfatizó que, si se aprueba esta ley, podría conducir a la eventual destrucción de la Caja Costarricense de Seguro Social, permitiendo la entrada de profesionales con una calidad de formación mediocre. También insistió en que, en caso de que la propuesta avance, se debería llevar a instancias judiciales para su revisión constitucional.

Por su parte, Kattia Rivera, diputada del PLN, también votó en contra del proyecto, argumentando que constituye «otro paso para debilitar la caja». Ella criticó la eliminación del examen que aplicaba la Facultad de Medicina para verificar la competencia profesional de aquellos médicos que desearan trabajar en el país. Monserrat Ruiz, del Partido Verdiblanco, coincidió en que no hay escasez de especialistas en Costa Rica sino que existe una incapacidad para retener a estos profesionales en el país.

En contraste, algunos diputados de la fracción cristiana social, como Horacio Alvarado, María Marta Carballo y Daniela Rojas, así como el diputado del Partido Liberal Progresista, Gilberto Campos, y la diputada Olga Morera de Nueva República, apoyaron la propuesta. El debate ha sido intenso, y las voces en contra, encabezadas por Guillén, Rivera y Ruiz, resaltan la profunda polarización que este tema genera.

Carballo, en defensa de la propuesta, argumentó que el gerente médico de la Caja, durante una audiencia pública, garantizó la viabilidad del plan, subrayando la resistencia de algunos gremios que parecen promover una formación de médicos más especializada. «El país no puede seguir esperando. Los costarricenses están perdiendo sus vidas en las interminables listas de espera», afirmó Carballo, señalando su creencia de que los que se oponen a la reforma no están dispuestos a ofrecer una mejor atención médica a los ciudadanos.

En su discurso, Carballo destacó que existen médicos extranjeros que ya han recibido autorización para trabajar en el país y que han contribuido a salvar vidas en situaciones urgentes. Subrayó que muchos preferirían acudir a médicos extranjeros en lugar de esperar durante años por una cita médica. Por último, criticó la noción de que la inclusión de médicos extranjeros podría poner en peligro la vida de los costarricenses, afirmando que dicha afirmación carece de fundamento y no está respaldada por la experiencia previa con estos profesionales.

«Decir que traer médicos extranjeros conlleva un riesgo para la vida de los costarricenses es una declaración peligrosa y sin evidencia, dados los resultados previos con médicos extranjeros», argumentó Carballo.

¿Qué propone el proyecto?

La iniciativa contiene la implementación de un examen único para la certificación de especialistas, además de buscar promover la regionalización, facilitando así la llegada de médicos a las zonas rurales. También busca modificar los contratos actuales de compensación para fomentar la retención de estos profesionales dentro de la institución. Estas medidas están diseñadas para mejorar la distribución y disponibilidad de médicos en el país, agilizar los procesos dentro de las universidades y optimizar los recursos humanos en el sistema de salud.

Según cifras de la gestión médica del CCSS, entre 2023 y 2025, un total de 5793 personas fallecieron mientras esperaban ser atendidas en quirófano. Además, se estima que hacia el año 2037, la Caja requerirá más de 4000 especialistas para atender adecuadamente a la población.

La propuesta ahora se trasladará a los plenos, donde los legisladores que se oponen a la reforma han anunciado su intención de presentar mociones en contra de la misma.