Las decisiones tomadas por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) han tenido un impacto significativo en la regulación de las comunicaciones en el contexto de las próximas elecciones. El TSE ha emitido una orden al Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT), indicando que no se deben realizar modificaciones en la tasa de transmisión de frecuencias hasta que se completen los procesos electorales. Esta medida busca garantizar que el acceso a la información política se mantenga equitativo y accesible para todos los votantes, evitando cualquier alteración que pudiera afectar la operatividad de las estaciones de radio.

El TSE argumenta que cualquier cambio en la distribución de frecuencias podría llevar a que ciertas estaciones de radio dejen de operar o a que sus condiciones de funcionamiento se vean alteradas drásticamente. Esto, a su vez, podría limitar la capacidad de los votantes de acceder a información crucial sobre las propuestas políticas durante la campaña electoral.

La próxima elección presidencial se llevará a cabo el 1 de febrero de 2026, y, si se considera necesario, una segunda vuelta se programará para el 5 de abril del mismo año. Según el TSE, el acceso a información política es fundamental para el ejercicio del derecho al voto, lo que pone de relieve la importancia de una distribución justa de los medios de comunicación durante el período electoral.

La decisión de no cambiar las frecuencias responde a una serie de preocupaciones, que incluyen:

• Las repercusiones negativas que los cambios podrían acarrear sobre la competencia entre los partidos políticos.
• Las complicaciones que tales modificaciones podrían generar en el funcionamiento del sistema de financiación pública.
• Las limitaciones que podría imponer sobre las opciones de comunicación disponibles para el TSE durante la campaña electoral, especialmente aquellas que involucran el uso de radios para la difusión de información pública.

Verifique más: Se anticipa que las señales de transmisión y televisión deben asumir cambios en Costa Rica para septiembre, de acuerdo con advertencias de Rodrigo Chaves.

TSE actúa ante una advertencia de Chaves

Este asunto ha cobrado relevancia debido a que el TSE realizó estas recomendaciones a través de la resolución no. 2267-E8-2025 a partir del 2 de abril, el mismo día en que el presidente Rodrigo Chaves amenazó con desactivar las frecuencias de radio y televisión si no se aprobaban ciertos proyectos de ley propuestos por el gobierno este año.

La intención del ejecutivo es implementar cambios que llevarían a un aumento considerable en las tarifas actuales del uso del espectro radioeléctrico, lo que podría ser significativamente problemático para las estaciones más pequeñas.

La ministra de Ciencia y Tecnología, Paula Bogantes, ha indicado que la propuesta contempla un pago anual de 3,5 millones de colones de 15 millones totales que tendrían que cubrir todas las empresas. Esto impactaría desproporcionadamente a las pequeñas y medianas empresas, ya que esta cifra podría representar hasta el 65% de sus ingresos.

Las concesiones que tienen las compañías de radio y televisión en Costa Rica están programadas para vencer el 28 de julio de 2024; sin embargo, el gobierno ha decidido extender este plazo por 15 meses adicionales hasta septiembre de 2025.

La postura de Chaves

El presidente Chaves ha manifestado que si las concesiones de las frecuencias de radio y televisión no se ajustan a las nuevas normativas, no se considerará una extensión de las mismas. En su declaración, mencionó que las compañías tienen hasta septiembre para demostrar a los residentes de Costa Rica que sus decisiones se alinean con los intereses de la población.

En cuanto a las frecuencias disponibles, se demarcó un rango específico:

• De 525 kHz a 1705 kHz para la transmisión de amplitud modulada (AM).
• De 88 MHz a 108 MHz para el servicio de modulación de frecuencia (FM).
• De 174 MHz a 216 MHz y de 470 MHz a 608 MHz para el servicio de transmisión de televisión (TV).

Un estudio realizado por Sutel indica que hay una alta demanda de frecuencias disponibles, lo que plantea un desafío a las autoridades en la gestión y asignación de los recursos radioeléctricos.