La Universidad de Costa Rica (UCR) ha sido reconocida durante muchas décadas como un emblema de excelencia académica, pensamiento crítico y compromiso social. Institución de gran prestigio, ha formado a generaciones de profesionales y ha estado en la vanguardia del desarrollo cultural y educativo del país. Sin embargo, en el presente, su reputación parece verse empañada por una serie de escándalos administrativos y cuestionables decisiones financieras que han llevado a muchos a perder la confianza en su gestión.

Lo que está ocurriendo en esta institución es mucho más que un mero incidente desafortunado; es un verdadero insulto para todos los costarricenses que, con sus impuestos, financian una entidad que parece haber perdido el rumbo y la responsabilidad que viene implícita con la confianza depositada en ella.

En un contexto donde miles de estudiantes encuentran obstáculos económicos insalvables para proseguir sus estudios, mientras el país enfrenta una de sus crisis de desigualdad más críticas, la UCR ha solicitado el descomunal monto de 7,000 millones de colones para acometer la migración al salario global.

No se trata de una broma. Esta solicitud formal se respalda en un informe actuarial que fue presentado a la rectoría en noviembre de 2024, varios meses después de que el Consejo Universitario aprobara un nuevo régimen salarial. Este informe, elaborado por la Escuela de Matemáticas de la misma universidad, advierte que los gastos inmediatos ascienden a aproximadamente 3,000 millones de colones, pero que a largo plazo, es decir, en un período de diez a quince años, este monto escalará a los mencionados 7,000 millones.

Todo esto con el único fin de mantener una estructura que, lejos de ajustarse a un contexto de austeridad y responsabilidad social, parece expandirse como si no tuviera que rendir cuentas ante aquellas personas a quienes debería servir. La promesa de que con el nuevo régimen salarial académico (RSA) se lograrán ahorros de más de 30,000 millones de colones es una expectativa que solo ofrecería alivio a partir de 2040. Mientras tanto, los costarricenses continuarán financiando el crecimiento del gasto universitario.

¿Dónde queda la responsabilidad financiera en todo esto? ¿Dónde está la transparencia? La situación se ve agravada por otros escándalos aún más serios. El Consejo Universitario ha sido expuesto ante la Oficina del Fiscal por la construcción de cuatro edificios, luego de que un informe de la Contraloría Universitaria señalara diversas irregularidades.

Las irregularidades, caracterizadas por posibles falsedades para obtener obras y evitar inspecciones en proyectos como el Laboratorio PET/CT Cyclron, ya han provocado costos adicionales para la Universidad debido a las exigencias de medidas correctivas. Se han producido detenciones por parte de la oficina del Fiscal, que investiga este caso en particular, lo que lanza una sombra de duda sobre la gestión de la UCR.

Pero, ¿quién se hace cargo de todo esto? ¿Quién responde a la sociedad costarricense por el uso cuestionable de recursos públicos? Aunque el rector Carlos Araya ha expresado su disposición para colaborar en la investigación, esa apertura no es suficiente. La institución necesita asumir su responsabilidad, ser transparente y rendir cuentas.

A lo que se suma un mecanismo que intensifica las desigualdades internas; cualquier aumento otorgado a los profesores beneficiaría automáticamente a los decanos y a la alta jerarquía universitaria, que ya disfruta de salarios privilegiados. Este tipo de prácticas perpetúa desigualdades dentro de la misma universidad y contradice cualquier principio de equidad y eficiencia presupuestaria.

Es momento de enfatizarlo claramente: los estudiantes deben ocupar el lugar central en esta institución educativa. No deben prevalecer los privilegios de unos pocos, ni las iniciativas de mega proyectos sin control, ni aumentos salariales que solo beneficien a las cúpulas administrativas que parecen distanciarse cada vez más de la realidad de las aulas y de la sociedad que las rodea.

Es hora de poner fin a la defensa de lo indefendible. Se necesita detener el uso de la autonomía para cubrir extravagancias. La Universidad de Costa Rica requiere urgentemente un profundo giro ético y presupuestario, una reevaluación de sus prioridades, y una reestructuración de su relación con la ciudadanía. Porque no puede haber educación de calidad sin un compromiso real con la transparencia. La excelencia académica no puede coexistir con la opacidad y el despilfarro de recursos.

Es evidente que la universidad pública es esencial para el desarrollo del país. Sin embargo, esto no debe darse a cualquier precio. No en medio de esta situación y mucho menos si quienes deberían recibir el mayor apoyo, que son los estudiantes, son constantemente relegados al último lugar.

¡La publicación que para relajarse con el UCR! Apareció primero en el periódico extra.