La mayoría de los 25 delegados una reforma constitucional presentada el miércoles (Archivo 23,724) promovido por los Cisneros oficiales de Pilar, busca modificar la ley del referéndum con el propósito de facilitar la realización de consultas populares relacionadas con pensiones. Esta propuesta ha suscitado un amplio debate en el ámbito legislativo y social.

La iniciativa fue presentada por el legislador Cisneros en abril de 2023, quien argumenta que es fundamental permitir que los ciudadanos tengan la capacidad de decidir sobre lo que él denomina las «pensiones de lujo». Este enfoque podría llevar a modificar el artículo 105 de la constitución política del país, el cual estipula ciertos límites respecto a la naturaleza de los referendos que se pueden llevar a cabo.

El artículo 105 establece que:

El referéndum no continuará si los proyectos están relacionados con presupuesto, impuestos, fiscales, financieros, crédito, seguridad, aprobación de préstamos y contratos o actos de naturaleza administrativa.

La votación sobre la admisibilidad de esta reforma fue llevada a cabo por los delegados, y si resulta aprobada, se creará una comisión especial para estudiar el proyecto en profundidad. Esta comisión tendría la responsabilidad de llevar a cabo audiencias y presentar su opinión acerca de la necesidad de establecer una compensación en caso de que se implemente la reforma. Sin embargo, el resultado de la votación arrojó que la propuesta solo obtuvo 16 votos a favor, la mayoría de los cuales provenían de los delegados del partido social cristiano y de la Nueva República. En contraste, 25 legisladores se manifestaron en contra de la iniciativa, lo que refleja una fuerte división en el cuerpo legislativo.

Antes de que se efectuara la votación, el diputado Cisneros dirigió críticas hacia la legisladora independiente Gloria Navas. Ella había sostenido que el proyecto tenía como objetivo engañar y manipular a la población costarricense. En respuesta, Navas afirmó: «Esta reforma del referéndum es otro discurso para aprovechar la simplicidad de la población costarricense. Aquí, la gente no es estúpida, pero es demasiado buena y sencilla, y corresponde a nosotros como delegados proteger el sistema legal costarricense».

Por otro lado, el funcionario Cisneros expresó que tiene un profundo respeto hacia la ciudadanía, y que en ningún momento considera a las personas «estúpidas», como sugirió Navas. «Dime si conoces a una sola persona que haya acumulado lo suficiente a lo largo de su vida laboral para tener una pensión de 14 millones de colones; es una rareza. Si yo soy uno de esos casos, parecería que soy un defensor de estos gabinetes políticos», replicó Cisneros, destacando la complejidad del sistema de pensiones y la necesidad de una discusión abierta y honesta sobre este tema tan crucial para la población.