El Oficina de Ética Pública (PEP) formalizó un denuncia penal ante el Ministerio Publico contra el Alcalde de San José, Luis Diego Miranda Méndezpor el presunto delito de malversación de servicios.

La entidad determinó que existen pruebas suficientes de que el dirigente utilizó los recursos humanos del municipio para fines personales y privados.

Uso de abogados públicos para la defensa privada

Según el informe PEP-INF-25-2024Los hechos ocurrieron en noviembre de 2024, cuando Miranda a poder administrativo especial a dos funcionarios municipales, con el objetivo de que ambos abogados, pagados con la nómina municipal, como sus defensores personales en una investigación por posible corrupción que la PEP seguía en su contra.

La investigación técnica señala que los funcionarios se presentaron a una audiencia virtual en horario laboral para asesorar al alcalde sobre un asunto en el que debía responder en su condición personal y no como representante de la institución.

La Procuraduría indicó que Diego Miranda “se desvió del propósito público hacia sus intereses privados” al aprovecharse indebidamente de su cargo y jerarquía.

Preguntas sobre retrasos en el Concejo Municipal

A pesar de la gravedad de los hallazgos, el informe de la PEP, que fue notificado en diciembre de 2024, sufrió serios retrasos en la redacción. Ayuntamiento de San José.

En sesión del Concejo Municipal del 9 de enero de 2026, los concejales denunciaron que el documento estuvo “retenido” o no compartido con el pleno por más de un año y dos meses.

Por su parte, la presidencia del Consejo calificó el suceso de “error sustancial” y negó cualquier intención de ocultar información, de lo contrario “fuera de lugar”. Sin embargo, ante la falta de avances claros, el PEP envió una nueva carta en enero de 2026 (PEP-OFI-269-2026) en la que solicita al Concejo informar si efectivamente se ha iniciado el procedimiento administrativo sancionador contra el alcalde.

Posibles sanciones

Además de la causa penal por malversación de servicios, la PEP envió el caso al Consejo para s proceso disciplinario. Según las normas de ética pública, de comprobarse la violación del deber de honestidad, Miranda Méndez podría enfrentar sanciones que van desde una amonestación escrita hasta pérdida de sus credenciales como alcaldeuna decisión que finalmente recaería en el Tribunal Supremo Electoral (TSE).