Con el respaldo de 41 suplentes, se llevó a cabo la aprobación en la sesión legislativa de un documento crucial, identificado como el 24,028, que propone una significativa modificación al artículo 189 del Código Penal. Esta enmienda tiene como objetivo establecer un nuevo delito, que consiste en la contratación de menores para la comisión de actos delictivos. Este avance legislativo es un paso importante en la lucha contra la explotación infantil en actividades ilícitas.

La propuesta fue impulsada por Alejandra Larios, quien ejerce como Directora General Adjunto del partido Liberación Nacional. Su iniciativa está destinada a penalizar a aquellos individuos que, de forma directa o indirecta, utilizan a menores para perpetrar delitos. Larios enfatizó la urgencia de esta modificación en el contexto actual, donde muchos delincuentes utilizan el recurso de menores para evadir consecuencias legales, incluso libres de sanciones.»

Las sanciones que se contemplan en esta legislación son bastante severas, ya que se prevén penas de hasta ocho años de prisión. La legisladora Verdiblaca expresó su preocupación al declarar: «En la actualidad, los delincuentes aprovechan la falta de regulación para usar a menores en crímenes, lo que resulta en un vacío legal que debe ser llenado».

Las reformas proponen imponer penas de prisión que oscilan entre cuatro y seis años para aquellos adultos que contraten a un menor para participar en actividades criminales, ya sea como cómplice, instigador o cualquier otro papel que contribuya a la perpetración del delito. La gravedad de las sanciones aumentará hasta ocho años si el adultó que contrata al menor se involucra en situaciones de violencia, intimidación o amenaza hacia el menor o su familia, además de situaciones de vulnerabilidad como la pobreza o la exclusión educativa, utilizando estas circunstancias como herramientas de coerción para forzar su participación en actividades criminales.

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Sin consentimiento

Dentro de esta iniciativa, se establece de manera clara que las entidades que se dediquen al reclutamiento de menores no podrán eximirse de responsabilidad penal simplemente argumentando que los menores habían accedido a participar de manera libre. Se subraya en el texto que «en ningún caso, el consentimiento de la víctima exime de responsabilidad penal».

Además, se detalla que aquellos menores que, bajo circunstancias de coerción, participen en la comisión de delitos también deben asumir su responsabilidad, aunque serán juzgados en un tribunal juvenil, apegándose a los procedimientos establecidos para su situación. Este aspecto del proyecto busca también proteger los derechos de los menores involucrados.

Se anticipa que el proyecto será sometido a un nuevo debate y votación en la próxima semana, donde se espera que genere un amplio interés y discusión entre los legisladores y la sociedad en general.