Gerardo Chaves, abogado del ex Ministro de Público y Transporte, ha apuntado hacia Mauricio Batalla al hablar del poder en la República, describiendo esta situación como la razón detrás de lo que calificó de “exposición” mediática que tuvo lugar el martes pasado. Este comentario surge en el contexto de una serie de ataques realizados contra una de las instalaciones de combate situadas en Curridabat, en la “pista oscura”, un área relacionada con la seguridad del aeropuerto de Liberia, que está bajo protección debido a un fallo de emergencia provocado por la tormenta de Bonnie.

Chaves expresó: “Con respeto, vivimos en una lucha muy complicada, una lucha que involucra a la República y que se termina con personas como este”. En su defensa, subrayó que las circunstancias actuales “no conducen a nada productivo, nada más que un ataque tras otro”. Además, Chaves manifestó su sorpresa al ver al Ministro de Justicia, Carlo Díaz, presente durante la búsqueda, así como a Randall Zúñiga, director de la sentencia de laboratorio en el OIJ.

Chaves sugirió que pudieron haberse evitado estas circunstancias si Batalla hubiera optado por presentar una investigación desde el principio.

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¿Otros actores?

El abogado Gerardo Chaves reveló que lo sucedido en la pista del aeropuerto de Liberia se remonta a cuando Batalla estaba trabajando como CEO del Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI). Durante ese periodo, Luis Amador ocupaba el cargo de jefe de obras públicas, mientras que Natalia Díaz era responsable de la oficina presidencial que firmó la directiva pertinente.

Sin mencionar nombres de manera explícita, Chaves hizo alusión a “una serie de figuras políticas” que también tendrían responsabilidad si es que existiera cualquier irregularidad en la operación. “Las decisiones eran tomadas por un comité de emergencia, y se consideraba esencial que el aeropuerto estuviera operativo. Esto es lo que enfatizo: hay una tranquilidad inquietante en medio de todo esto”, agregó Chaves.

Es importante destacar que tanto Amador como Díaz no figuran en las listas de detenidos o atacantes. Las personas arrestadas en esta investigación, junto con Batalla, incluyen a Alejandro Picado, presidente del Comité de Emergencia (CNE), Marcos Castillo, director de Aviación, y Henry Villalobos, jefe de la División de Supervisión del CNE.

Qué pasó

De acuerdo con la fiscalía, los acontecimientos se investigan bajo el documento 24-000454-1218-PE y se anticipa que se demostrarán irregularidades. Uno de los aspectos centrales de estas irregularidades tiene que ver con la declaración de emergencia que se emitió para rehabilitar la pista. En julio de 2022, hubo una declaración relacionada con la tormenta tropical Bonnie, que supuestamente complicó la cuestión.

Según Zúñiga, la decisión de ampliar el fallo de emergencia en 2023 para incluir la pista afectada por la tormenta es discutible, ya que argumenta que no estaba necesariamente relacionada con los efectos climáticos en el norte del país. Como resultado de estas decisiones, se destinaron $40 millones a reparaciones. Rodrigo Chaves hizo referencia a Luis Amador en marzo de 2024, indicando que existía cierto interés en manipular el equilibrio dentro de la empresa constructora.

Esto coincide con el momento en que Mauricio Batalla fue nombrado Ministro de Obras Públicas y Transporte. La situación condujo a nuevos arreglos para la reparación de la pista de asfalto, lo que Zúñiga consideró como una решение valiosa, ya que se había determinado previamente que todo el trabajo que se realizara era de hecho innecesario y que solo era crucial restaurar la sección inicial de la pista.

A pesar de esto, las unidades de vuelos generales se manifestaron en desacuerdo, argumentando que la calidad del trabajo debería ser óptima dado que la pista había sido concebida de esa manera originalmente. Este grupo tuvo que aceptar el trabajo asignado después de la revisión de la nueva versión de los arreglos.

“A medida que la ejecución de los estándares se niega a poder cumplir con lo acordado, eventualmente, los miembros responsables de la implementación de los trabajos se ven obligados a ceder y respaldar el regreso de las labores”, enfatizó el director del OIJ.

Al final, se realizaron deducciones por cuatro millones de dólares respecto a una valiosa reapertura, aunque solo se completó un 33% de todo el trabajo propuesto. Zúñiga aclaró que los cambios llevaron a reparaciones superficiales en lugar de restauraciones necesarias, lo que resultó en daños adicionales y compromisos en la seguridad de la pista. Sin embargo, la empresa responsable no fue sancionada por violaciones relacionadas con la evacuación de trabajos.

La fiscalía indicó que estas acciones perjudicaron económicamente al Estado al redirigir capital de fondos nacionales de emergencia para trabajos que no habían sido afectados por fenómenos naturales también violaron regulaciones de carácter público.

El ministerio público asegura que los individuos investigados están involucrados en un proceso conjunto que apunta a garantizar que el contrato haya sido modificado de manera adecuada. Además, se ha señalado que “se beneficiaron de la influencia política y las jerarquías que tenían para influir en funcionarios públicos a la hora de firmar una serie de modificaciones, en contraste con los fundamentos técnicos que se habían emitido sobre los cambios en cuestión”, concluyó la fiscalía.

Los detenidos se encuentran actualmente en el Tribunal II en San José, donde continúan las investigaciones. En breve se evaluará la posibilidad de establecer medidas de precaución.

Reclamos entre el presidente y el fiscal

Las tensiones entre el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, y el Ministro de Justicia, Carlo Díaz, han desembocado en uno de los conflictos institucionales más significativos del país en la última década.

La relación entre ambos ha ido empeorando a raíz de una serie de investigaciones y acusaciones mutuas que involucran presuntos delitos de corrupción, cuestiones sobre la independencia judicial y ataques de carácter personal.

El conflicto fue avivado por una acusación formal presentada por el Ministro de Justicia Díaz ante la Corte Suprema contra el presidente Chaves, relacionada con la presunta malversación de fondos de la BCIA.

Rodrigo Chaves ha denunciado esta situación, acusando a Díaz de ser un “titiritero” que manipula diversas estructuras políticas y ha señalado que dicha acusación forma parte de una supuesta conspiración por parte de una “mafia profunda” que implicaría no solo a partidos políticos, sino también a la legislatura y el poder judicial.

Chaves se ha declarado víctima de acoso y persecución política, aduciendo que estos intentos buscan perjudicar a su administración y que la investigación es un intento de silenciar a aquellos que considera amenazas para la democracia.

Durante marzo de 2025, Chaves participó en protestas que exigían la renuncia del Ministro de Justicia, un acto que fue interpretado por analistas y opositores como un agravio para la democracia y un intento de socavar la separación de poderes. El presidente también ha acusado a Díaz de tomar decisiones que favorecen a sus aliados políticos, insinuando la existencia de irregularidades dentro de la estructura judicial.

Por su parte, Carlo Díaz ha defendido las investigaciones alegando que son el resultado de más de 100 quejas contra el presidente Chaves presentadas desde que asumió el cargo.

Trabajó con esta información Tomás Gómez.