La sesión legislativa llegó a su fin en marzo, marcando otro mes completo de reuniones ordinarias en el ámbito político del país. Esta clausura se realizó con la aprobación de un miembro del Parlamento que presentó un total de 28 proyectos de ley, aunque la mayoría de estos todavía se encontraban en sus primeras etapas de discusión. Esto indica que estos proyectos aún deben atravesar procedimientos adicionales para convertirse en leyes efectivas de la República.

De entre las propuestas discutidas, nueve fueron seleccionadas para un debate posterior, y tres más obtuvieron un voto favorable, destacando la importante Declaración de Benemets en el territorio nacional. Este hecho resalta la actividad legislativa ocurrida, especialmente considerando que los 15 proyectos que fueron sometidos a votación en su primera discusión fueron tratados en apenas las últimas tres reuniones del mes. Esto incluye sesiones que tuvieron lugar el jueves 27 de marzo, una sesión poco habitual el viernes 28 y la última el lunes 31.

Durante esas sesiones, los diputados incrementaron el ritmo de discusión y análisis de estos proyectos, dado que en abril enfrentarán una pausa de una semana debido a las festividades de Semana Santa. El receso legislativo está programado para el período comprendido del 14 al 18 de abril, tras el cual los legisladores volverán a sus labores el 21 de abril. Este mes de abril cerrará con diversos asuntos pendientes, justo antes de que el poder ejecutivo asuma un control más directo sobre la agenda del Parlamento en los siguientes tres meses.

Una de las tareas legislativas más relevantes es la propuesta que busca aumentar las sanciones correspondientes a las amenazas dirigidas hacia funcionarios públicos. Esta iniciativa se centra en modificar tres artículos específicos del Código Penal, con el objetivo de establecer sanciones adecuadas en proporción a la gravedad de la agresión, particularmente en aquellos casos donde se utilicen armas de fuego para amenazar tanto a civiles como a funcionarios en el desempeño de sus funciones.

Particularmente, la reforma al artículo 316 del Código Penal tiene como propósito imponer penas de prisión que van desde un mes hasta dos años en casos de amenazas a funcionarios públicos. A continuación, se presentan las tareas que han sido aprobadas en la reciente sesión:

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Confianza y más

Entre las iniciativas que han sido aprobadas en el primer debate y que esperan una resolución en abril, se encuentra una que propone solicitar penas de hasta ocho años de prisión para quienes contratan menores para llevar a cabo actividades delictivas. También en el contexto legislativo, el llamado a las «nuevas capitales» fue debatido y aprobado en el último día de sesiones, permitiendo a las autoridades investigar activos de personas sospechosas sin necesidad de presentar una queja formal en su contra.

Este último proyecto generó una considerable controversia y división en el Parlamento, ya que un grupo importante de representantes consideró que el texto presenta ambigüedades que podrían afectar negativamente a aquellos ciudadanos que han actuado de manera honesta. Durante el mes de marzo también se discutió la integración del ministro de Relaciones Exteriores, Arnoldo André Tinoco, quien abogó por una postura enérgica en contra de la invasión de Ucrania por Rusia, así como sobre otras tensiones políticas internacionales.

Asimismo, el Ministro de Finanzas, Nogui Acosta, junto con el Presidente del Banco Central, Roger Madrigal, participaron activamente en las discusiones, enfatizando la necesidad de promover la aprobación de ciertas leyes críticas en el transcurso de este mes.

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