El 18 de febrero, el presidente Rodrigo tomó una decisión importante al aplicar un veto al proyecto denominado “Bajos Costos para América Central”. Esta propuesta, presentada por el subdirector general Eli Feinzaig del Partido Liberal Progresista (PLP), buscaba establecer tarifas aéreas más accesibles para la región. Sin embargo, el veto ha generado una serie de consecuencias en el ámbito legislativo que han dejado a muchos en el sector esperando.

Desde entonces, han transcurrido dos meses sin que el asunto haya sido debatido en el Parlamento. La fecha para discutir la posibilidad de mantener el veto o restablecer la ley ha estado en la agenda, pero los diputados todavía no han tomado una decisión. Esto ha llevado a un estancamiento en el proceso legislativo, generando preocupaciones sobre la eficiencia y la prontitud con la que se manejan estos temas cruciales.

Las alternativas para abordar este veto volverán a surgir el lunes después de un descanso de los diputados durante el fin de semana. Se espera que antes de que finalicen las reuniones ordinarias se tome una decisión, puesto que hay un tiempo límite establecido para el 30 de abril, cuando comienza un período inusual de sesiones el 1 de mayo. Esto es crucial, ya que durante esos tres meses, el poder ejecutivo tiene mayor control sobre las decisiones legislativas hasta finales de julio.

A lo largo de este período, el veto ha sido objeto de discusión en tres ocasiones distintas. La primera vez fue a finales de febrero, cuando los diputados decidieron no eliminar el documento propuesto, a pesar de la presión del partido gobernante. Luego, se discutió nuevamente en una reunión posterior, estableciendo el 11 de marzo como fecha tentativa. Sin embargo, el proyecto fue nuevamente pospuesto, y finalmente, el 18 de marzo, el asunto no se abordó en la sesión legislativa programada.

Desde ese momento, no se ha definido ninguna nueva fecha para la discusión a pesar de las constantes solicitudes de Pilar Cisneros y otros miembros de la clase política que exigen que se retome el tema. “No han establecido una cita; me pregunto si tienen intención de dejarlo en la indefinición”, fue una de las preguntas formuladas por la líder del partido gobernante en una reciente discusión.

“El reglamento indica que el Parlamento tiene un mes para decidir sobre este tipo de situaciones. No solo no se ha discutido, sino que la cuestión sigue avanzando sin rumbo”, añadió Cisneros, reflejando la frustración que reina dentro del espacio político.

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Ellos tienen un voto

Desde el momento en que se ejerció el veto, los representantes del Partido Liberal Progresista han afirmado tener los votos necesarios para revocar la decisión presidencial. Para que este proyecto se convierta en ley, se necesita un mínimo de 38 votos a favor. Lo que se quiere lograr es que el acceso a los vuelos dentro de América Central no exceda los $100 por viaje de ida y vuelta, además de ser un viaje sin equipaje documentado, permitiendo llevar solamente un objeto personal de pequeño tamaño.

Un objetivo adicional de esta iniciativa es establecer un costo accesible también para los vuelos hacia la República Dominicana, que se mantendría en $120 para los mismos términos de viaje, cambiando así la forma en que los ciudadanos pueden acceder al transporte aéreo. Según los voceros del proyecto, esto beneficiaría a los empresarios que necesitan desplazarse por razones laborales, así como a aquellos que quieren disfrutar de vacaciones a precios más razonables.

Los miembros del Partido Liberal Progresista han manifestado que cuentan con un respaldo de entre 39 y 40 votos que podrían favorecer el avance de este proyecto. “Si hubiera completa asistencia de los diputados, alcanzaríamos esos 39 o 40 votos necesarios para su aprobación”, comentó Luis Diego Vargas, uno de los colegas de clase, resaltando la importancia del apoyo legislativo.

“Lo crucial ahora es encontrar el momento adecuado en que haya suficientes representantes presentes para que el proyecto pueda ser aceptado”, añadió, subrayando que el tema ya no puede seguir en espera. Por otra parte, se han contabilizado 17 votos en oposición, los cuales han sido ratificados por miembros de distintos bancos y otras alternativas políticas que no apoyan la iniciativa.

El asunto ha llegado a un punto crítico, ya que existe una gran posibilidad de que la propuesta sea llevada a consulta con la Agencia Constitucional, pero este esfuerzo no se ha concretado hasta el momento. Este tipo de evaluación podría cambiar las dinámicas del debate legislativo y provocar mayores tensiones en torno al proyecto. Además, se ha confirmado que algunos partidos, incluidas formaciones cristianas y libertarias, han decidido posicionarse en contra, evidenciando que la polarización en el ambiente político podría presentar mayores desafíos para el futuro del proyecto.

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