Recientemente, la Asamblea Legislativa ha tomado una decisión significativa al aprobar en primera discusión el documento conocido como 22.817. Este proyecto, que fue inicialmente presentado en 2021 por Dragos Donolescu, ha sido impulsado durante este período legislativo por la diputada Verdiblanca Alejandra Larios. La importancia de este proyecto radica en su enfoque hacia las pensiones de los agentes del Instituto de Investigación Judicial (OIJ), un tema que ha generado diversas opiniones en el ámbito político.

Uno de los principales aspectos de este proyecto es la propuesta que permite a los agentes del OIJ, como requisito indispensable, contar con licencias de transporte de armas. Esta medida propone que estos funcionarios puedan optar a la jubilación anticipada a partir de los 55 años, siempre y cuando cumplan con ciertos criterios establecidos para ello. Esto implica que, además de alcanzar la edad requerida, los agentes deben tener al menos 30 años ininterrumpidos de servicio dentro de la organización, lo cual es un requisito bastante exigente.

El respaldo a este proyecto es notable, ya que cuenta con el apoyo de 32 suplentes, lo que indica un consenso considerable en torno a sus objetivos. Sin embargo, también enfrenta la resistencia de la autoridad legislativa del partido en el gobierno, lo que añade un nivel de complejidad a su aprobación final. Este conflicto puede ser indicativo de las diferencias políticas que existen en relación al tema de las pensiones y beneficios laborales para los cuerpos de seguridad.

El proyecto estipula que aquellos funcionarios que cumplan con los requisitos mencionados podrán recibir pensiones que equivalen al 82% del promedio de los últimos 240 salarios que percibieron mensualmente. Este valor se calculará tomando en cuenta el índice de precios al consumidor (IPC) durante el mismo período en que fueron recaudadas las tarifas correspondientes a los servicios gubernamentales.

Además, el proyecto incluye un artículo clave, el artículo 226, que se centra en el proceso para llevar a cabo la jubilación anticipada, en caso de que no se cumplan los años mínimos de servicio. Este artículo es crucial, ya que establece las directrices que se seguirán en tales situaciones, proporcionando claridad a los funcionarios del OIJ sobre sus derechos y opciones en el momento de retirarse.

Según el texto propuesto, se establece lo siguiente:

«Si el retiro de un servidor del OIJ se efectúa al cumplir con el requisito de la edad o de años de servicio, pero antes de alcanzar los treinta años en servición, la jubilación no se calculará en proporción a los años servidos, siempre y cuando se haya cumplido con la cantidad de años requeridos en la normativa correspondiente.»

El método para calcular el monto de la pensión a recibir se establecerá multiplicando la cantidad promedio estipulada en el artículo anterior por el número de años servidos, y el producto se dividirá entre treinta. Así, el resultado final determinará la cantidad a ser retirada una vez cumplidos los requisitos.

Finalmente, es importante resaltar que se llevará a cabo una segunda discusión del proyecto el 8 de abril, donde se espera que se ahonde aún más en sus implicaciones y se escuchen las opiniones de todos los actores involucrados.