El tribunal completo, compuesto por los 22 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, ha llevado a cabo la aprobación de un innovador proyecto de ley que tiene como objetivo reformar la actual Ley de Procedimiento Penal. Esta medida busca establecer un nuevo enfoque en la administración de justicia penal en el país, para lograr una mayor efectividad y celeridad en los procesos legales relacionados con los delitos.

La iniciativa, proveniente de la Sala Criminal (Tercera Sala), surge como respuesta a la necesidad apremiante de optimizar el sistema judicial y su capacidad de respuesta ante la criminalidad. En este sentido, también se pretende otorgar una mayor protección a las víctimas, asegurando que sus derechos sean resguardados de manera más efectiva en el transcurso de los procedimientos legales.

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, el magistrado Orlando Aguirre, subrayó la importancia de esta reforma, enfatizando que constituye una respuesta a la urgente necesidad de modernizar y hacer más eficientes los procesos dentro de la ley penal vigente. Aguirre, de manera contundente, aseguró: «En el poder judicial, estamos comprometidos con la seguridad y la justicia. No estamos aquí para discursos vacíos ni para repartir culpas. Nos dedicamos a tomar decisiones concretas para acelerar los procesos y combatir la impunidad».

Principales modificaciones propuestas:

El proyecto ya ha sido enviado a la Asamblea Legislativa para que sea discutido y eventualmente aprobado. Entre las enmiendas más relevantes que se proponen, se encuentran las siguientes:

• Si un acusado no se presenta en el juicio preliminar sin justificar su inasistencia, será declarado rebelde.
• En aquellos delitos cuyas sentencias no superen los diez años, un solo juez (tribunal impersonal) tendrá la potestad para llevar a cabo la audiencia, facilitando la resolución de un mayor número de casos en un tiempo más reducido.
• Se eliminará la práctica de posponer audiencias debido a la saturación de trabajos de los abogados defensores. En caso de que el abogado no pueda asistir, el acusado tendrá un plazo de cinco días para nombrar a otro abogado o se le asignará un defensor público.
• El ensayo preliminar se definirá como el último paso procedimental para acceder a soluciones alternativas o a un procedimiento especial abreviado. Por lo tanto, se establecerá que la presencia del acusado es obligatoria y se convocará a la víctima a participar en este proceso.

Adicionalmente, la reforma sugiere una especialización de los tribunales para abordar delitos de criminalidad organizada y de alta complejidad, lo que mejorará indudablemente la administración de justicia en el país. Esta medida contribuirá a que los casos sean tratados con mayor conocimiento y eficiencia por parte del sistema judicial.

Finalmente, la reforma también plantea la necesidad de establecer plazos más cortos tanto para el público como para las decisiones en los casos, evitando así la prolongación innecesaria de los mismos y garantizando, en consecuencia, una justicia más ágil y efectiva.