Antes de cerrar las reuniones ordinarias y el tercer año legislativo, los diputados de la Legislatura llevaron a cabo sus esfuerzos para avanzar en la aprobación de diversos proyectos de ley que se encontraban en espera. Estos proyectos estaban tanto en la fase de segundo debate como en la de primera discusión, reflejando un intento por parte de los legisladores de abordar cuestiones críticas antes de que se cerrara el periodo legislativo.

En un contexto de activismo legislativo, el día martes se registró una propuesta importante, la cual fue presentada por la diputada del Partido Liberal, Monserrat Ruiz, y se identificó con el número 24,495. Esta iniciativa busca enmendar las reglas bajo las cuales operan el Instituto de Investigación Judicial (OIJ) y la Oficina del Fiscal, permitiendo que ambos órganos del sistema judicial puedan realizar operaciones de ataque más efectivas.

Según la propuesta, el programa que anteriormente operaba de 6 a.m. a 6 p.m. ahora se expandirá para funcionar de lunes a viernes, permitiendo operaciones más extensas. Sin embargo, para la ejecución de operaciones adicionales, las autoridades deben justificar sus razones ante un juez, quien en todos los escenarios deberá proporcionar el respaldo necesario para la ejecución de tales acciones policiacas.

Con la aprobación del proyecto de ley, ahora se establece que estas operaciones podrán llevarse a cabo durante todo el día, incluyendo fines de semana y días festivos, lo que representa un cambio significativo en la forma en que se abordan las cuestiones de seguridad pública. Este avance fue bien recibido durante el segundo debate, donde recibió el apoyo de 34 suplentes que se encontraban presentes en la reunión parlamentaria, en contraposición a la oposición de la autoridad legislativa del partido gobernante que se limitó a siete votos en contra.

El subdirector de la Legislatura expresó su satisfacción por el avance de esta iniciativa, subrayando que “si el crimen organizado no descansa, no deberían existir límites en la respuesta a sus ataques”. Esta declaración refleja una postura firme en favor de la seguridad pública y la necesidad imperante de establecer leyes que protejan la vida de todos los ciudadanos, con la intención de continuar fortaleciendo el marco legal que brinda protección a la sociedad.

Ahora, para que esta iniciativa entre en vigor, solo se requiere la firma del presidente de la República, Rodrigo Chaves, lo que marcaría el inicio de su implementación y permitiría a las autoridades actuar más decisivamente frente al crimen organizado.

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Reforma

La propuesta que se encuentra en discusión busca principalmente la mejora del Artículo 193 del código penal actual. Con la aprobación de esta reforma, sería fundamental establecer los siguientes aspectos:

“193.

De acuerdo con la nueva normativa, se prescribe que la orden del juez para llevar a cabo una búsqueda debe ser más ágil, tal como se establece en el texto que está siendo considerado.

“Cuando se emite una orden de pedido para realizar una búsqueda, la solicitud será presentada a un juez, quien tendrá una rápida línea de tiempo para emitir su resolución:”

-Para los casos de procesamiento normal, el período máximo será de hasta tres días calendario.

-En situaciones que involucren un procedimiento especial, especialmente aquellas asociadas al crimen organizado o a un procesamiento complejo, el período de decisión se ampliará hasta un máximo de cinco días calendario.”