En el segundo debate y con el apoyo de 43 alternativas, la sesión legislativa logró finalmente aprobar el miércoles el documento 24,311, lo que marca un paso significativo en la creación de un protocolo que tiene como objetivo proteger a las mujeres en edad legal que desaparecen. Esta norma establece un marco que busca reforzar la respuesta institucional y comunitaria ante desapariciones, un tema de creciente preocupación social.

El protocolo ha sido denominado “Kimberly Alert”, tomando su nombre de la trágica situación de Kimberly Araya, una mujer de 33 años y madre de tres hijos, cuyo caso resonó profundamente en la sociedad. Ella estuvo desaparecida por una semana antes de que su cuerpo fuera encontrado en condiciones alarmantes cerca del túnel Zurquí, en Jadri 32. Este hecho desató una ola de indignación y exigió cambios urgentes en la legislación local para prevenir futuras tragedias.

La iniciativa fue presentada en el Congreso por la diputada de la Unidad Social Cristiana, María Marta Carballo, quién ha destacado la importancia de este tipo de medidas legislativas como una herramienta esencial para combatir la violencia de género y la inseguridad que enfrentan muchas mujeres. A través de este proyecto, se busca no solo aumentar la seguridad de las mujeres, sino también brindar un marco claro y efectivo para actuar ante situaciones de emergencia.

La ley fue aprobada en un contexto en el que las autoridades judiciales se encuentran en la búsqueda de varias mujeres desaparecidas. Uno de los casos más recientes es el de Rashab García, quien fue vista por última vez en compañía de una amiga. En este caso específico, se han realizado avances significativos, como la detención del novio de la mujer tras el descubrimiento de pruebas en su hogar, lo que ha llevado a interrogantes sobre su posible implicación en la desaparición.

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El alcance

La propuesta del “Kimberly Alert” se articula en tres etapas distintas, involucrando la colaboración de varias instituciones, entre ellas la policía local, la Agencia de Investigación Judicial (OIJ), el escuadrón público, la Policía Fronteriza y el Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU). Esta colaboración es fundamental para asegurar que toda acción emprendida sea efectiva y rápida.

La aplicación del protocolo no solo trata sobre la respuesta ante un caso de desaparición, sino que también aborda aspectos preventivos. Se pretende llevar a cabo acciones que eviten que estas situaciones ocurran, así como garantizar un monitoreo continuo de los casos, asegurando que se tomen en cuenta tanto los casos resueltos como aquellos que permanecen sin solución. El acompañamiento institucional es otro aspecto clave que busca brindar apoyo a las familias afectadas y a los círculos cercanos a las víctimas.

El texto legislativo establece tres instrumentos fundamentales:

• Intervención de comunicación y acceso a documentos privados cuando existe una sospecha razonable de que un individuo tiene información clave para resolver el caso.
• Distribución obligatoria y gratuita de advertencias en medios de comunicación y plataformas digitales, abarcando tanto casos de mujeres desaparecidas como de situaciones no resueltas.
• Prohibición de salida del país para personas que han sido notificadas o que se encuentran no localizadas.

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