El Comité de Infraestructura Inter ha estado bajo la lupa en los últimos meses debido a las recientes acciones que han llevado a una declaración de emergencia para la reconstrucción del aeropuerto Daniel Oduber en Liberia, el cual es crucial para la conectividad aérea en la región. La situación se ha intensificado luego de que varios funcionarios, entre ellos el ex Ministro de Obras Públicas, Mauricio Batalla, y el presidente del Comité Nacional de Emergencia (CNE), Alejandro Picado, así como otros directores, fueran arrestados por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y el Ministerio Público. Estos arrestos han evidenciado la magnitud de problemas en la gestión pública y la necesidad de una mayor transparencia en las decisiones tomadas en situaciones de emergencia.

El martes, el proceso judicial avanzó con la comparecencia de distintos funcionarios ante el parlamento. La audiencia fue un punto focal en una investigación que ha convocado a varios personajes clave, incluyendo a Luis Amador, un ex ministro de MOPT, quien ha sido señalado por recibir instrucciones del presidente Rodrigo Chaves para actuar en este tema. La intervención de Amador y los otros funcionarios ha suscitado un debate intenso sobre la legalidad y la ética en las decisiones relacionadas con el uso de fondos públicos.

“Cuando el ministro Amador comenzó a ser interrogado, desde Cetac para trasladar el asunto al CNE, descubrimos numerosas irregularidades”, señaló Luis Diego Vargas, subdirector del Partido Liberal Progresista (PLP) y presidente de la Comisión. Estas declaraciones resaltan la preocupación sobre la integridad de los procesos administrativos, indicando que hubo mentiras documentales y abusos de la declaración de emergencia, lo que implica una falta de respeto hacia las normativas legales y los procedimientos establecidos.

El liberal Francisco Nicolás ha expresado su profunda preocupación por lo que ha calificado como un caso de corrupción que se origina en las entrañas del gobierno actual, vinculando este escándalo a otras irregularidades dentro de la administración. “Este es un desafortunado caso de corrupción producido en este gobierno, donde han manipulado recursos importantes para acceder a fondos públicos”, afirmó Verdiblanco, enfatizando la urgencia de detectar y sancionar estas irregularidades en la gestión pública.

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“Deja que todo aclare”

La diputada de PLN, Carolina Delgado, que forma parte de la Comisión, ha indicado que el uso de la declaración de emergencia ha dado lugar a múltiples irregularidades en el proceso de reclutamiento de contratistas. “Se ha indicado que el manejo de un proceso de reclutamiento urgente, diseñado para eliminar controles técnicos, ha resultado en numerosas irregularidades”, afirmó. Esto resalta la preocupación sobre cómo la urgencia puede ser usada como una herramienta para evadir normas y controles necesarios.

Delgado añadió que espera que las investigaciones proporcionen toda la información necesaria para esclarecer la situación actual y esclarecer el destino de los fondos implicados. “Es imperativo que esta investigación lleve a la conclusión necesaria”, continuó Delgado, agregando que es primordial para la credibilidad del proceso judicial que todo se investigue de forma transparente.

Por su parte, el diputado Alejandro Pacheco, jefe de la bancada de Pusc, enfatizó que es esencial que la oficina del fiscal continue avanzando en el caso y que quede claro lo sucedido. “Creemos que es crucial que se investiguen todas las desviaciones que han ocurrido con los fondos públicos”, afirmó Pacheco. También subrayó que el informe final del estudio llevado a cabo en el Instituto Legislativo debe ser presentado y que han estado trabajando en ello durante un prolongado periodo. “Estamos en la fase final de preparación del informe y esperamos que esté listo lo antes posible”, concluyó Pacheco.

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