Entre los 21 condados que componen la estructura de la Corte Suprema, sorprendentemente, solo un magistrado se mantiene libre de cualquier causa de investigación en la oficina del fiscal. Esta circunstancia resalta un contexto preocupante dentro del sistema judicial, donde la gran mayoría de los magistrados enfrenta alguna forma de escrutinio.

Los datos proporcionados por el ministerio público en respuesta a una solicitud hecha por revelan que existen 307 carpetas de investigación, siendo la mayoría de estas relacionadas con solicitudes de terminación. Sin embargo, 75 de estas carpetas siguen en proceso de desarrollo, lo que indica que las investigaciones todavía están activas y en curso.

La magistrada Patcia Vargas, quien se encuentra en la Sala III, es la única sheriff que no figura en esta lista de investigados. Por el contrario, los otros 20 magistrados enfrentan entre uno y diez cargos. Este fenómeno refleja una situación inquietante, donde los miembros de la Corte Suprema enfrentan un escrutinio notablemente más alto, especialmente los comisionados del condado 4, que son los que cuentan con el mayor número de procesos abiertos en su contra. Además, los magistrados de la Cámara II están también bajo la lupa, aunque su enfoque suele centrarse en las leyes relacionadas con temas familiares y laborales.

¿Por qué están siendo investigados los comisionados del condado?

Las estadísticas sobre los comisionados del condado se dividen en ocho categorías criminales, la mayoría de las cuales se relacionan con la implementación de acciones ilegales o corruptas. La tez de la situación se hace aún más preocupante al observar que la violación prolongada de deberes es la causa más común, con 46 casos reportados hasta la fecha.

De acuerdo con el artículo de la ley Pena, las sanciones por estos delitos pueden oscilar entre 2 y 6 años de prisión. Esto se agrava en situaciones donde la violación de la ley es reconocida en contextos penales, donde las penas pueden aumentar de 3 a 15 años. Además, se están manejando 19 archivos que abordan específicamente el incumplimiento de los deberes, donde un funcionario se niega o retrasa ilegalmente acciones que debería realizar.

Las sanciones por descalificación van de uno a cuatro años, un castigo que también se aplica si el funcionario realiza acciones que podrían ser consideradas como una falta grave en el ejercicio de su cargo.

Otras causas en investigación

Existen otras categorías de delitos que están siendo investigados en contra de los magistrados:

• Falsedad ideológica (Artículo 367 Código Penal) | Este delito ocurre cuando se introducen inscripciones no veraces en documentos oficiales. Las penas pueden variar de 1 a 6 años, y si el acto se cometió en funciones de un servidor público, la pena puede aumentar hasta 8 años.
• Desviación de recursos (Artículo 361 Código Penal) | Los juicios en este ámbito pueden implicar penas de 3 a 12 años contra aquellos funcionarios que malmanejen recursos a su disposición. Esto incluye el uso indebido de bienes o servicios públicos.
• Influencia en funcionarios (Artículo 52 Ley contra la corrupción) | Este artículo contempla el castigo a aquellas personas que intimidan o inducen a un funcionario público a actuar en su beneficio. Las sanciones varían entre 2 a 5 años, aumentando en casos que involucren delitos de gran gravedad.
• Abuso de autoridad (Artículo 338) | Un funcionario que utiliza su posición para ordenar o ejecutar actos que dañen a otros puede enfrentar penas de 3 meses a 2 años.
• Fraude en acciones administrativas (Artículo 58 Ley contra la corrupción) | Sanciona a aquellos funcionarios que no cumplan con sus obligaciones para con el público, resultando en penas de 1 a 5 años de prisión.

Proceso judicial para los magistrados

Los comisionados del condado, debido a su posición en la Corte Suprema, se hallan en una categoría que los pone a la par de ministros y cargos presidenciales en la República, estando sujetos a procedimientos especiales que no se rigen por las mismas normativas que afectan a ciudadanos comunes.

El liderazgo de este tipo de investigaciones recae en el Ministro de Justicia, quien es el encargado de dirigir el proceso, que incluye la solicitud de levantar inmunidades si se determina que hay fundamento para un juicio. Este procedimiento requiere que la evidencia presentada pase por filtros específicos, culminando en un posible juicio ante la Cámara III, la corte penal más alta del país.