El Consejo de Salud del Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología Raúl Blanco Cervantes ha hecho un anuncio relevante que tiene implicaciones significativas para muchos adultos mayores en el país. Este próximo jueves 1 de mayo, una gran concentración de adultos mayores, representando a diversas organizaciones, se reunirá en el Parque Central de San José. El objetivo de esta manifestación es reclamar al Fondo de Seguridad Social de Costa Rica (CCSS) que cumpla con una resolución emitida por la sala constitucional en relación a asuntos críticos que afectan a la comunidad geriátrica.

De acuerdo a la información proporcionada por la agencia de noticias, la Cámara IV ha estipulado un plazo de 60 días calendario que finaliza el miércoles 30 de abril, dentro del cual el CCSS debe llevar a cabo los estudios de viabilidad necesarios para la construcción de una nueva sede del centro médico que atenderá las necesidades específicas de la población adulta mayor.

Durante la concentración, se espera que los manifestantes también exprésen su demanda de un horario claro con fechas y fases definidas que promuevan este proyecto esencial para mejorar la atención y el bienestar de los adultos mayores.

“Lo que necesitamos es una definición sobre la aprobación de la Junta Directiva de la Declaración de interés público, la compra de la tierra, el plan funcional aprobado, el diseño del hospital y el aspecto financiero para facilitar la construcción de este importante trabajo,” comentó Alicia Avendaño, presidenta de la Junta de Salud del Hospital.

Tanto la Junta como las organizaciones involucradas han reiterado de manera contundente que, a pesar de haber sido declarado como una prioridad por el mismo CCSS durante varios años, este trabajo no ha mostrado un progreso significativo, lo cual ha generado inquietud en la comunidad.

La falta de acción efectiva ha sido el catalizador que llevó a varios grupos a presentar una apelación de AMPARO, que se llevó ante el juez de la sala constitucional, buscando justicia y cumplimiento de la resolución judicial.

En su resolución, el tribunal advirtió que la falta de cumplimiento puede resultar en sanciones que van desde tres meses hasta dos años de encarcelamiento, o multas que oscilan entre veinte y sesenta días para aquellos que desobedezcan la orden establecida en la apelación. Esta firmeza en la decisión judicial resalta la seriedad de la situación y la urgencia de atender las necesidades de la población geriátrica.

Es importante mencionar que el Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología Raúl Blanco Cervantes ha estado operando en sus instalaciones actuales durante ya 65 años. Según varios estudios, estas instalaciones han comenzado a mostrar un deterioro considerable que compromete la seguridad tanto de pacientes como de personal. La situación actual exige atención inmediata, así como un compromiso renovado por parte de las autoridades y de la comunidad para garantizar un futuro mejor para los adultos mayores.