Con la intervención de 40 delegados, la Reunión legislativa se centró en la presentación del proyecto de ley que tiene como objetivo extender el tiempo para perseguir crímenes de corrupción, abordando la discusión en su segundo y último debate el próximo martes. Esta iniciativa busca evitar que tales delitos queden impunes mediante un período de prescripción que podría alcanzar hasta 30 años.

El documento en cuestión, denominado archivo 24.834, se titula ‘Ley para buscar crímenes de corrupción y evitar una prescripción’. Este proyecto ha sido impulsado por el Diputado del Frente Amplio, Ariel Runes, quien ha hecho un llamado a la acción para combatir de manera efectiva los actos de corrupción en la administración pública.

Es importante destacar que esta propuesta ha recibido el respaldo unánime de Todas las fracciones legislativas, incluidas las representadas por el Partido Nacional de Liberación (PLN), Unidad (PUSC), Frente Amplio, Nueva República, Gobernación, Diputados Liberales Progresistas (PLP) e Independientes. La colaboración entre estas diferentes agrupaciones políticas resalta la importancia que se le otorga a la lucha contra la corrupción en el ámbito nacional.

Era la voz:

La propuesta legislativa busca modificar la ley existente mediante la adición de una subsección d) a la Sección 31 de la Ley de Procedimiento Penal, así como a la ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito en la función pública. La intención es que se extienda el plazo para abrir investigaciones sobre delitos de corrupción, aumentando el tiempo permitido para su persecución de 10 a 30 años, lo que representa una reforma significativa en la lucha contra la impunidad.

«Hoy celebramos un momento que puede considerarse histórico en esta reunión legislativa. Después de muchos años de lucha, hemos logrado modificar el período de prescripción de crímenes de corrupción, aumentando este tiempo de diez años a 30 años. Este es un gran paso que se ha consolidado con éxito en el primer debate», afirmó el diputado Ariel Runes tras la votación del primer debate. La iniciativa ahora avanza hacia el poder ejecutivo, donde se espera su firma y posterior publicación como ley de la República, dando así un marco legal más robusto para la lucha contra la corrupción en el país.