La reciente sesión legislativa, que se aprobó el jueves en el primer debate, ha dado un paso significativo con la consideración de un documento de 24,379 letras, conocido como el Proyecto Público de Cisneros de Pilar. El propósito de este proyecto es endurecer las sanciones aplicadas a aquellos que causen daños a los recursos técnicos de la policía empleados en la lucha contra el contrabando de drogas. Esta medida tiene como objetivo principalmente la protección de equipos cruciales utilizados en operaciones de seguridad pública.

Uno de los aspectos más relevantes del proyecto es la instalación de escáneres en las terminales APM y en las estaciones fronterizas. Además, se contempla el uso de drones y otros dispositivos electrónicos que son esenciales para las autoridades en su esfuerzo constante por combatir el contrabando de drogas y el crimen organizado. La implementación de estas tecnologías es fundamental para mejorar la eficacia y la seguridad de las operaciones policiales, así como para garantizar un control más riguroso en puntos críticos.

Un total de 43 diputados participaron en la votación, confirmando así su apoyo al proyecto, que ahora está a un paso de ser finalizado y convertirse en una ley efectiva. Con esta aprobación, se espera que las autoridades cuenten con herramientas más efectivas para afrontar el desafío del contrabando. El segundo debate está programado para el jueves 22 de mayo, lo que permitirá una revisión detallada y, potencialmente, la ratificación final de las medidas propuestas.

Este proyecto se anunció en junio del año anterior y rápidamente avanzó dentro del Comité de Seguridad, que lo dictaminó a principios de diciembre. La agilidad en el proceso refleja la urgencia con la que se necesita abordar esta problemática, y la naturaleza del crimen organizado exige respuestas efectivas e inmediatas. En términos de disposiciones judiciales, las penas propuestas inicialmente oscilaban entre dos y cuatro años de prisión, sin embargo, el texto alternativo finalmente aprobado establece un rango de sanciones que varía de 1 a 4 años, dependiendo de la gravedad de los daños causados.

El proyecto se centra en la reforma del artículo 229 del Código Penal, incorporando un nuevo párrafo 5, que reza como sigue:

“Cuando el daño es contra la policía o la electrónica utilizada en la lucha contra el contrabando de drogas y el crimen organizado”.

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