Las personas que enfrentan enfermedades graves ahora tienen la oportunidad de acceder a los fondos que tienen acumulados en su pensión complementaria obligatoria (ROPC) de manera anticipada. Esta medida ha sido bien recibida por los afectados, ya que les ofrece una solución financiera en momentos de grave necesidad.
Recientemente, los miembros de la Legislatura se reunieron y aprobaron un importante documento legislativo, identificado como 22,299, el cual se espera que facilite el acceso a estos fondos en situaciones de enfermedades graves. Esta es una respuesta a las demandas de quienes se ven obligados a enfrentar costos elevados por su condición de salud y que pueden verse en la necesidad de recursos inmediatos.
El 27 de febrero, este texto legal fue sometido a una primera discusión y recibió luz verde. Sin embargo, se determinó que era necesario realizar ciertos ajustes para su desarrollo y discusión posterior. Asimismo, se anticipa que el mismo texto será objeto de un segundo debate dentro de esta misma semana, lo cual es un indicativo del compromiso de la Legislatura para resolver este asunto con celeridad.
En una de las decisiones más relevantes de esta legislación, se acordó que una tercera persona, designada por el propietario de la cuenta de ROPC, puede encargarse de gestionar el proceso de retiro de los fondos. Esto es especialmente útil para aquellos que, debido a su estado de salud, no pueden llevar a cabo su propio trámite.
La reforma, que forma parte de la Confederación Reforma 22, se enmarca dentro de las disposiciones para la protección de los derechos de los trabajadores. En particular, se establece lo siguiente en el artículo 22:
«Artículo 22
Los beneficiarios podrán optar por el retiro de sus fondos hasta un máximo de 60 meses o, en su defecto, proceder al retiro total de las compañías de recursos, si cumplen con ciertas condiciones, tales como las siguientes:
a) Encontrarse en una etapa terminal de salud, debidamente evaluada y calificada por el CCS;
b) Sufrir de una enfermedad o accidente severo que genere cambios drásticos en su estado de salud, con un alto riesgo de mortalidad, y donde el tratamiento basado en la evidencia médica ofrezca escasas posibilidades de prolongar su vida, lo que debe ser determinado conforme a los criterios del CCSS.
Es importante destacar que el CCSS tiene la responsabilidad de validar la situación de un paciente que presenta una condición grave o terminal, basándose en la evaluación del médico a cargo. Sin embargo, si la unidad correspondiente emite un reglamento específico, esto permitirá definir de manera más clara quiénes son los profesionales capacitados para emitir el certificado necesario para acceder a estos beneficios.
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