Un nuevo proyecto gubernamental ha sido lanzado con el ambicioso objetivo de erradicar el uso de efectivo y restringir la participación de personas que han estado privadas de libertad en diversas actividades económicas. Esta decisión surge a raíz de una orden emitida por la Dirección General para el Ajuste Social del Ministerio de Justicia y Paz, que se basa en la circular identificada como carta 01-03-25, la cual comenzó a regir desde el pasado miércoles.

La medida tiene como propósito principal combatir la problemática del narcotráfico, así como la extorsión que afecta a la población encarcelada, y a su vez, las empresas operativas en la ilegalidad. Este proyecto es parte de un esfuerzo más amplio por parte de la administración actual para fortalecer los mecanismos de control en los centros penitenciarios, con el fin de mantener un ambiente de orden y seguridad. La inclusión de un sistema que regule los pagos y proporcione trazabilidad es clave para garantizar la transparencia y la legalidad de las transacciones dentro de los penales.

En este contexto, se han llevado a cabo diversas reuniones con entidades bancarias estatales, las cuales buscan establecer un proceso de gestión que permita a las personas que se encuentran privadas de libertad acceder a cuentas bancarias. Además, se están elaborando los instrumentos regulatorios necesarios para que este sistema pueda implementarse de manera eficaz y eficiente. La idea es que los internos puedan controlar sus finanzas de una manera más segura, reduciendo así el riesgo de actividades ilícitas. Esta iniciativa no solo apunta a mejorar la situación financiera de los internos, sino también a disminuir las transacciones en efectivo que podrían facilitar la compra de drogas o el intercambio de bienes y servicios prohibidos.

Según la circular emitida, se establece que el efectivo en posesión de las personas privadas de libertad será confiscado, ya que su uso y circulación están completamente prohibidos. Aquellos internos que actualmente tengan dinero en efectivo tendrán un plazo de cinco días hábiles para entregarlo a sus familiares o a personas de confianza, lo que busca minimizar la posibilidad de corrupción y mal manejo de estas transacciones dentro de los recintos penitenciarios.

Detección y Prevención

El gobierno también ha informado sobre la reciente instalación de un sistema donado en 2016 por la Embajada de los Estados Unidos. Este sistema tiene un valor de 113 millones de colones y está localizado en el centro penitenciario Jorge Arturo Montero. Este dispositivo, conocido como BodyCanner, fue puesto en funcionamiento el sábado 22 de marzo y ha sido crucial para descubrir a cuatro internos en posesión de drogas y teléfonos móviles, lo que subraya la necesidad de medidas de control más estrictas.

Ante estos desafíos, la administración ha puesto en marcha medidas administrativas inmediatas, como la prohibición de efectivo en cárceles, y ha presentado un proyecto de ley a la Asamblea Legislativa. Este proyecto se dedica a examinar todas las cuestiones relacionadas con la gestión de los centros penitenciarios y la participación de empresas privadas, buscando maneras de mejorar el sistema penitenciario y garantizar una mayor seguridad y orden en la población carcelaria.