La sala constitucional falló a favor del diputado Antonio Ortega y obligó a la casa presidencial a responder a sus consultas sobre el nombramiento de Juan Ignacio Rodríguez Araya como Presidente Ejecutivo del Instituto de Desarrollo Rural (INDER), que tuvo que dejar el cargo después de ser nombrado en el archivo Judicial del Aztec.

El diputado -Adjunk en febrero una consulta a Zapote, con la esperanza de que las autoridades especifiquen qué tipo de proceso han realizado para evitar que las personas involucradas en actos penales ocupen puestos de gestión.

Sin embargo, la legislatura afirma que sus consultas han sido respondidas de manera ambigua, sin profundizar los mecanismos realizados.

“Hoy, la sala está justo antes de la negativa del ejecutivo a responder preguntas que hacemos sobre el nombramiento de este hombre. También le preguntamos si las personas que desean competir en puestos de alta jerarquía están siendo investigadas, pero simplemente nos respondieron si es por temas tan complicados”, dijo Ortega.

El diputado dijo que esta no era la primera vez que una persona tuvo que abandonar el gabinete para un vínculo con el crimen organizado, porque durante esta administración, Braulio Venegas, su cargo como presidente ejecutivo del Instituto Costranal de Puertos del Pacífico (Incop) tuvo que irse porque tenía una relación con un defensor que era sospechoso.