Una nueva y prometedora iniciativa que avanza en la Asamblea Legislativa podría cambiar drásticamente la situación de miles de personas en Costa Rica. Este proyecto, que ha sido aprobado en la Comisión de Asuntos Legales, estipula que si las deudas relacionadas con tarjetas de crédito, electrodomésticos o vehículos no se han hecho efectivas en un lapso superior a cuatro años, los jueces tendrán la autoridad para eliminar dicha deuda del historial crediticio de los consumidores de forma automática.

El significado de este cambio es profundo, dado que, en la actualidad, aunque la deuda esté prescrita por ley, sigue figurando como una obligación pendiente en los registros de crédito. Esto afecta severamente la capacidad de los consumidores para acceder a financiamiento y otros servicios financieros. Obtener la eliminación de tal registro implica un proceso judicial que tiende a ser costoso y prolongado, causando un estrés adicional en quienes ya se enfrentan a dificultades económicas.

El impulso detrás de esta reformadora propuesta proviene del diputado Francisco Nicolás, perteneciente al Partido Nacional de Liberación (PLN). Nicolás busca equilibrar la balanza entre el poder de los consumidores y las entidades financieras, así como fomentar un trato más justo. Además de la eliminación automática de las deudas prescritas, la propuesta también se propone prohibir el acoso telefónico y a través de correos electrónicos que empresas llevan a cabo en su esfuerzo por cobrar deudas que ya han sido oficialmente eliminadas.

«Esta propuesta no es solo un medio de justicia financiera; es un intento de frenar la persecución y acoso a aquellos costarricenses que dedican más del 70% de su salario al pago de deudas,» afirmó el diputado, resaltando la urgencia y relevancia de la situación actual.

¿Qué significaría esta reforma?

• Las deudas contraídas por tarjetas de crédito, compras a plazos o vehículos se eliminarían de los historiales después de cuatro años de haber sido prescritas, sin necesidad de seguir procesos judiciales adicionales.

• Las empresas no podrán contactar a los deudores si la deuda ya ha sido claramente definida como prescrita por la ley.

• Esta medida tiene el potencial de reducir considerablemente la carga sobre los tribunales, que actualmente enfrentan un elevado número de casos relacionados con cobros de deudas. Según datos del Poder Judicial, el 60% de las causas en los entornos judiciales se generan debido a demandas de cobros, siendo significativamente más que otros tipos de litigios, como pensiones alimentarias y problemas penales.

Impacto nacional

A medida que nos acercamos a la segunda mitad de 2024, los datos indican que más de 1.3 millones de costarricenses tienen deudas formales registradas, según la supervisión de la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF). Este proyecto de ley podría beneficiar a una gran parte de esta población, en especial a aquellos que han sido blanco de prácticas abusivas o que enfrentan dificultades económicas severas.

El texto de la propuesta ahora debe ser llevado a la sala plenaria legislativa, donde será sometido a votación en dos discusiones. Si se logra la aprobación, el documento será enviado al Poder Ejecutivo para su firma y conversión en ley.

Una vez que la normativa entre en vigor, se anticipa que proporcionará alivio económico, contribuirá a una mayor justicia financiera y, en general, traerá tranquilidad a miles de personas que se ven afectadas por deudas que, según la ley, ya no deberían existir.