El Tribunal Constitucional de Colombia ordenó a la Iglesia Católica que cubra todos los archivos de los casos de pedofilia solicitados por la prensa.

La Corte Suprema ha demostrado que los comunicadores Juan Pablo Barrientos y Miguel Ángel Estupiñán, quienes emprendieron procesos judiciales después de recibir reacciones parciales o negativas a más de 170 solicitudes de información desde 2018.

La decisión, conocida en un boletín el lunes por la noche, cubre todas las instituciones católicas en Colombia. Algunos de estos han pedido al “secreto pontificio” que no revelen los nombres de los religiosos vinculados al abuso.

“Aquí enfrentamos un hito histórico en la transformación de la relación entre el estado colombiano y la Iglesia Católica (…) de que las preguntas que hacemos deben ser respondidas”, dijo Estupiñánán a la AFP.

La Conferencia Episcopal Colombiana dijo en un comunicado que una vez que se conoce la sentencia completa “se estudiará cuidadosamente”.

Rechazó las solicitudes sobre la información sobre la trayectoria de todos sus religiosos, basados ​​en los argumentos de los magistrados que votaron y creen que este punto está “basado en una sospecha general de mala fe que contradice la inocencia”.

El concepto de la corte sigue dos sentencias de 2020 y 2022 que en casos específicos los dos reporteros apoyaron a algunas diócesis.

“La garantía del acceso a la información por parte de los periodistas no solo protege la libertad de la prensa, sino que también contribuye al cumplimiento de la función social que el periodismo está practicando en una sociedad democrática”, los magistrados repitieron esta vez, según la declaración del tribunal.

Barrientos ha escrito dos libros desde 2018 con sus investigaciones en la ciudad de Medellín. Estupiñán amplió sus hallazgos independientemente en otras áreas del país.

Publicaron un libro en 2023 en el que presentaron el nombre de más de 600 sacerdotes vinculados a quejas de abuso contra menores, aunque la iglesia solo les dio ‘13%’de los datos que solicitaron.

“Este es el ketch del iceberg. Esto es lo que estas personas escondieron, absolutamente locos”, agregó Barrientos, que establece que la figura de las partes interesadas aumenta a aproximadamente 6,000 cuando se liberan todos los ‘archivos secretos’.

El Tribunal Superior Colombiano también ordenó al EVA a la Oficina del Fiscal para proporcionar la información solicitada por un periodista de la cadena de la BBC británica a principios de año sobre el posible abuso cometido por los religiosos en el país.