Recientemente, después de una queja presentada por el representante adjunto del Partido Liberal Progresista (PLP), Eli Feinzaig, el impuesto principal se vio obligado a salir en defensa de las políticas implementadas para solicitar a los usuarios de datos de diversas compañías operadoras de telefonía, servicios eléctricos y de Internet.

Feinzaig expresó su preocupación sobre la intención del Ministerio de Finanzas, indicando que este, a través de impuestos, estaba pidiendo la información de los usuarios, lo que suscitó dudas, ya que han transcurrido seis meses desde el inicio de la campaña electoral. Esta situación ha levantado alarmas y cuestionamientos sobre la transparencia y la ética de tales acciones.

Feinzaig manifestó que “esto es mucho peor que el ascenso y Faro Pac”, sugiriendo que la situación es aún más grave de lo que se podría imaginar. Estas afirmaciones han generado un inusual nivel de tensión en el debate sobre la recaudación fiscal y la privacidad de la información de los ciudadanos.

En respuesta a estas acusaciones, Mario Ramos, director fiscal del Ministerio, negó rotundamente las afirmaciones de Feinzaig. «La administración de impuestos rechaza de forma inequívoca cualquier insinuación que sugiera que la gestión habitual del Ministerio de Finanzas se ve comprometida por el acceso a datos confidenciales de la élite, y mucho menos que esta información será utilizada para fines electorales», declaró Ramos el pasado lunes.

La jerarquía de la Dirección General de Tributación (DGT) hizo hincapié en que la información solicitada ya forma parte de un catálogo de datos fiscales que se ha estado recopilando durante varias décadas y que la naturaleza de dicha solicitud no es, por tanto, novedosa en absoluto. “Durante varios años, la DGT ha solicitado a estas compañías que proporcionen información relevante sobre los datos de los clientes”, explicó.

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Evitan las responsabilidades

Ramos, el Director de Impuestos, sustentó que la solicitud de información se llevó a cabo con el objetivo de poder cruzar los datos de los contribuyentes, asegurando que se ha notado que ciertos individuos han estado manipulando su información para eludir sus obligaciones fiscales. “La DGT ha señalado que algunos contribuyentes, claramente intentando evitar sus responsabilidades con el Tesoro, han proporcionado datos inexactos ante la Junta, lo que dificulta la recuperación de deudas fiscales importantes”, apuntó Ramos.

Asimismo, dejó claro que la legislación relacionada con la protección de datos de las personas es sumamente clara, indicando que “la DGT muestra un profundo respeto por el marco legal que la protege”. El director mostró su confianza en que las demandas del estado están debidamente fundamentadas.

Ramos aseguró que el ente fiscal es capaz de proteger adecuadamente la información, utilizando estos datos únicamente cuando sea absolutamente necesario para generar los recursos que contribuyen a mejorar la calidad de vida de todos los habitantes del país.

Por su parte, Feinzaig condenó fuertemente que los funcionarios del Ministerio de Finanzas hubieran empleado métodos de inteligencia para requerir a una compañía de transacciones información muy sensible, entre el 12 y el 14 de marzo, como nombres completos, números de documentos identificativos, incluyendo pasaporte o ALDX, si la persona es nacional o extranjera, así como datos de contacto y dirección.

El representante señaló que esta solicitud de información debe ser entregada en un plazo de 10 días hábiles, advirtiendo que de no cumplir se impondrían sanciones económicas significativas.