
El gobierno ha destinado una suma significativa de $35 millones para la construcción de una nueva prisión, un proyecto que ha recibido una subvención gubernamental. Sin embargo, este monto representa una proporción considerable del presupuesto disponible, lo que ha suscitado un debate sobre su viabilidad y financiación.
El Ministro de Finanzas, Nogui Acosta, destacó que existe una solución que podría facilitar la implementación de este proyecto sin tener que depender de préstamos externos. Esta propuesta ha sido objeto de consideración para garantizar una financiación más sólida.
Por su parte, Gerald Campos, Ministro de Justicia y Paz, expresó su deseo de encontrar una alternativa que permita evitar que este programa sea revisado por la sesión legislativa, lo que podría complicar aún más su ejecución.
Sin embargo, Acosta reconoció que el proyecto debe ser sometido a la revisión de Moras Cuesta, y que requiere la aprobación del Parlamento dado su impacto en el presupuesto extraordinario. Este proceso legislativo es crucial para llevar a cabo la propuesta.
“Reconozco que es nuestra responsabilidad pasar por el proceso legislativo, a pesar de que el presupuesto inusual presenta dos retos: primero, parte de la premisa de que existen recursos, y segundo, que se ha pospuesto su tiempo de aprobación”, explicó Acosta.
“No imagino que los señores y los diputados bloqueen un presupuesto que busca mejorar la gestión de los recursos disponibles en el presupuesto de la República”, añadió en sus declaraciones.
El modelo
El Ministro Acosta subrayó la necesidad de identificar “recursos para definir el modelo de construcción”. Aunque la idea se asemeja a lo planificado para la ciudad del gobierno, sugiere que el proyecto se ubicará en terrenos estatales.
“En algún momento consideramos destinarlo como un edificio donde contrataríamos a alguien para construir el sistema de encarcelamiento en el país”, agregó, subrayando la importancia de que esta construcción no solo cumpla con las regulaciones, sino que también sea funcional y segura.
“Es un hecho que este año se enviará un presupuesto extraordinario para el proyecto”, concluyó el ministro, mostrando su compromiso con el avance de esta iniciativa.
El Ministro de Finanzas, Nogui Acosta, garantiza la implementación de soluciones para la construcción de la prisión prometida por el gobierno. (Foto de cortesía/casa presidencial).
El plan
Como se informó en Observador desde el 11 de abril, la intención es construir una prisión con capacidad para 5,000 internos. Este centro penitenciario se asemejaría al Cecot en El Salvador, conocido por su máxima seguridad y capacidad para albergar hasta 40,000 reclusos, un modelo que ha sido implementado por el presidente Nayib Bukele en dicha nación.
Gerald Campos, Ministro de Justicia y Paz, indicó que el objetivo es completar la construcción en un plazo de 195 días, o finalizarla antes de que el gobierno de Rodrigo Chaves concluya su mandato.
“El Salvador logró una construcción similar en solo 7 meses para 40,000 internos”, puntualizó.
El modelo CECOT ha sido administrado desde El Salvador y se considera parte de la cooperación entre ambos países. En verdad, Campos está buscando maneras de implementar eficazmente este tipo de encarcelamiento.
Se espera que el gobierno ahorre aproximadamente $25 millones con la implementación de estos planes proporcionados por el país centroamericano.
Sin embargo, el lugar específico donde se edificaría esta nueva infraestructura aún no ha sido revelado al público.
Campos enfatiza que lo que se construirá no debe ser visto únicamente como una prisión, sino como una infraestructura diseñada para fortalecer la seguridad del país y mejorarse a la luz de las circunstancias actuales.
“Nadie quiere que un centro penitenciario se ubique en su localidad, pero es necesario encontrar un lugar adecuado”, subrayó.
Este nuevo sistema está destinado a albergar a aquellos que se consideran “de alta peligrosidad”, es decir, aquellos que representan un riesgo considerable para la sociedad.
En la actualidad, el sistema penitenciario alberga aproximadamente 17,000 prisioneros, lo que resalta la necesidad urgente de una solución eficaz.
Gerald Campos, Fiscal General, indicó que la implementación de los planes CECOT resultará en ahorros de $25 millones para el país. En la imagen, se le ve durante su visita a una prisión en El Salvador. (Imagen de AFP)
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