Recientemente, los diputados de la comisión encargada de la modernización y reforma del estado en la Asamblea Legislativa han dado un paso fundamental hacia el cierre y liquidación de X-Ray SA (RACSA). Este avance es parte de un proceso que busca actualizar y optimizar el funcionamiento del Estado, asegurando que los recursos se utilicen de la manera más eficiente posible.

Durante esta semana, la comisión aprobó un proyecto de ley que tiene como objetivo principal la disolución de RACSA. Esta propuesta fue presentada a principios de 2024 por la diputada independiente Kattia Cambbonero y está registrada bajo el número 24,105. La iniciativa tiene como fin establecer claramente los procedimientos y los marcos legales necesarios para llevar a cabo el cierre de dicha entidad, así como para adecuar todas sus operaciones de marketing y otros servicios que ofrecía.

Detalles del proceso de cierre de RACSA, según el proyecto

El encargado del proceso de clausura será el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE). En palabras de la diputada Cambbonero, «no es sostenible que los ciudadanos, en su mayoría de clase media y baja, continúen financiando organizaciones que pueden ser reemplazadas por el ICE». Con esta afirmación, Cambbonero expresó su preocupación por la manera en que se ha manejado la información financiera de RACSA, subrayando la falta de claridad sobre el valor agregado que esta institución podría estar aportando al país.

La diputada mostró su satisfacción por el avance en la tramitación de este proyecto, que ahora deberá ser debatido en el Parlamento para su aprobación definitiva. Sin embargo, advirtió que el procedimiento podría extenderse en caso de que se presenten propuestas adicionales bajo el artículo 137. «Es un gran paso que este debate llegue a la sesión legislativa. Es hora de que los diputados demuestren su compromiso hacia un Estado que funcione de manera más eficiente y que beneficie a todos los ciudadanos», añadió Cambbonero.

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Controversia en torno a RACSA

El proyecto nacional ha generado un intenso debate desde 2023, en gran parte debido a las disputas sobre la real efectividad de RACSA en la gestión de proyectos y su relevancia en el contexto actual. La diputada Cambbonero ha puesto bajo la lupa varios contratos, incluyendo la compra de escáneres para el Ministerio de Justicia, así como la controversia relacionada con la implementación de tecnologías de quinta generación (5G) en el país.

La diputada argumentó que la oferta presentada por RACSA es considerablemente más cara, superando los costos en un 404% en comparación con las opciones más económicas disponibles en el mercado para el desarrollo de la subasta. Asimismo, mencionó que desde el año 2021, la entidad ha reportado pérdidas significativas para las arcas del Estado, siendo el año 2021 especialmente problemático, con pérdidas que ascendieron a 447 millones de colones debido a la falta de renovación de contratos esenciales con instituciones como el Ministerio de Finanzas y Cosevi.