En un hecho inusual y sorprendente, el cantón de Mora Tenía tres alcaldes en lo que éramos en 2025. Esta situación ha generado una considerable inquietud entre los habitantes y ha llamado la atención de los medios de comunicación y las autoridades correspondientes en el país.

La inestabilidad en el municipio comenzó el 12 de febrero, tras una serie de ataques coordinados desde la oficina del fiscal. Este evento marcó un antes y un después en la política local.

Durante la intervención, el alcalde electo, Alfonso Jiménez Cascante, y la Vicaalcaldesa, Ariuna Cabal Lombodorzh, ambos pertenecientes al Partido Liberal Progresivo (PLP), fueron arrestados. Esto desató un escándalo que hizo tambalear la administración municipal.

El ministerio público está siendo investigado por supuestos delitos de pago irregular de contratos, peculación y violación de los deberes públicos. Las acusaciones son graves y podrían tener consecuencias significativas para el futuro del gobierno local.

En palabras del fiscal, “Estas personas están siendo investigadas por una serie de licitaciones, aparentemente otorgadas a compañías específicas, con el supuesto fin del beneficio de ellas. Se cree que en uno de los casos se hicieron los pagos totales de las obras, aunque no se realizaron. También se supone que se otorgó dinero sin permiso”. Este tipo de acciones dañan la confianza de los ciudadanos en sus representantes.

El caso sigue en curso y está documentado bajo el número de expediente 24-000152-1218-PE, lo que añade un nivel de formalidad y atención al mismo.

Suspensión

El 21 de febrero, el Tribunal de Finanzas decidió suspender a Jiménez y a Cabal durante seis meses, lo que significa que no podrán ejercer sus funciones hasta agosto. Sin embargo, existe la posibilidad de que esta suspensión se extienda, dependiendo de la evolución del caso.

En este contexto, el segundo vicealcalde, Menor Guevara Rodríguez, adoptó la oficina del alcalde. Su asunción ante la crisis fue temporaria, ya que tras dos meses en el cargo, Guevara presentó su renuncia, alegando problemas de salud que le impedían cumplir adecuadamente con sus responsabilidades.

El Código Municipal establece que, en tales circunstancias, es el presidente del Ayuntamiento quien debe aceptar la oficina del alcalde. Esta responsabilidad recayó en María Picado Ovares, gobernadora del Partido Unido para el Desarrollo (CAN).

Sin embargo, Picado se negó a aceptar el puesto aduciendo falta de tiempo para sus labores y optó por renunciar a la presidencia del órgano. La situación generó un vacío legal y administrativo que preocupó a los residentes de Mora.

Finalmente, el Ayuntamiento de Mora se reunió en Emergencia el miércoles pasado y acordó nombrar a un concejal del propietario como nuevo alcalde, Emmanuel Ferrer Venegas, socio de la fiesta Picado. Este acuerdo fue recibido como una medida provisional ante la falta de liderazgo claro.

Según la normativa municipal, Ferrer asume el cargo de alcalde de Mora de manera interina. “Este es un caso muy específico, no solo por el trastorno, sino que en este momento muestro ambas posiciones, la presidencia del Consejo Municipal y la Oficina del Alcalde, lo cual no es muy común”, comentó el nuevo alcalde sobre su situación dual.

Ferrer, un político de 31 años, afirmó que, a menos que el alcalde electo logre levantar la suspensión, su intención es continuar en el cargo y estabilizar la administración. También mencionó que podría haber un escenario alternativo si el alcalde electo apela ante la Corte Suprema para las elecciones (TSE), lo que podría convocar a elecciones anticipadas en el cantón.

Toma tranquilidad

El nuevo alcalde, Ferrer, destacó que, dada la situación vivida en el municipio durante los últimos meses, su prioridad es llevar la “tranquilidad” a la administración interna para que esto se refleje externamente en la comunidad.

“Eran muchas convulsiones, la comunidad estaba muy incómoda y, por lo tanto, podía dar continuidad a los proyectos”, mencionó, poniendo de relieve la necesidad de un liderazgo fuerte.

Además, lamentó que el municipio se esté enfrentando a problemas con las regulaciones y varios proyectos que han quedado abandonados, lo que afecta el desarrollo local.

No para un relleno sanitario

Por otro lado, Ferrer mencionó que existe la posibilidad de que se instale un vertedero sanitario en el cantón, lo que ha suscitado muchas preocupaciones entre los residentes. “Queremos defender irregularmente el cantón de un posible vertedero, como se notó durante mucho tiempo”, afirmó, subrayando su compromiso con la comunidad.

Agregó que lucharía para implementar un plan efectivo para la gestión de desechos, dado que el cantón de Mora tiene una extensión territorial de 162.04 km², lo que lo convierte en el noveno más grande en la provincia de San José, albergando a aproximadamente 30.800 habitantes. La gestión adecuada de residuos se ha vuelto un tema crítico en la agenda local.