En el contexto de una creciente preocupación por la seguridad cibernética, en Costa Rica se ha formado la Comisión Interinstitucional, la cual tiene como objetivo abordar y mitigar las amenazas de fraude electrónico que están emergiendo de manera alarmante en el país. Recientemente, esta comisión ha emitido un comunicado de prensa donde hacen énfasis en que tanto el fraude electrónico como las vulnerabilidades en la seguridad cibernética han visto un aumento significativo en los últimos tiempos, lo cual preocupa a varias entidades involucradas en la protección y seguridad del sistema financiero nacional.

Asimismo, la comisión ha destacado una serie de acciones que las diferentes instituciones que la componen han comenzado a implementar para combatir este fenómeno que se vuelve cada vez más desafiador. La necesidad de una coordinación efectiva entre estas entidades es crucial para enfrentar tal situación, y esto se ve reflejado en las palabras de Anabelle Ortega, directora ejecutiva de la Cámara de Bancos e Institutos Financieros, quien afirmó: “El aumento creciente en las amenazas de fraude electrónico y seguridad cibernética demanda una coordinación activa entre nosotros y la creación de un frente común desde el sistema financiero para frenarlo”.

La comisión está bajo la coordinación de la cámara bancaria y está conformada por varias entidades relevantes, como:

• El Banco Central de Costa Rica (BCCR)
• La Supervisión General de las Compañías Financieras
• El Ministerio Público
• La Autoridad de Examen Judicial (OIJ)

Algunas de las medidas realizadas por las instituciones

La Cámara de Bancos e Instituciones Financieras ha presentado un informe que detalla las medidas adoptadas para mejorar y expandir los canales de comunicación destinados a informar a los clientes sobre el estado de sus créditos y el posible estrés financiero en sus cuentas. Esto es fundamental para que los usuarios mantengan una vigilancia constante sobre sus finanzas y se alerten ante posibles irregularidades.

Adicionalmente, han solicitado la implementación de mecanismos alternativos de autenticación para los clientes, como el sistema Gaudi, que se basa en firmas digitales, así como la creación de campañas educativas permanentes a cargo de las compañías financieras. La educación, definitivamente, juega un papel vital en la prevención del fraude, pues empodera a los clientes con la información necesaria para proteger sus finanzas.

Por su parte, el Banco Central de Costa Rica se ha comprometido a continuar con el desarrollo y fortalecimiento de la plataforma Gaudi, permitiendo que un mayor número de empresas adopten esta solución y brinden a sus clientes un mecanismo estandarizado para garantizar la seguridad de sus operaciones financieras.

Entre otros avances, se están implementando cambios significativos en la mejora de la protección de las Cuentas de Archivo Simplificadas (CES), según lo ha anunciado el medio recientemente. Esta reforma regulatoria ha establecido que ahora las personas solo pueden tener una CES por moneda (colones y dólares), con un límite máximo de 1,000,000 por cada tipo de cambio, o su equivalente, lo que busca limitar el riesgo de fraude en estas cuentas.

En cuanto a las acciones de investigación, la Autoridad de Examen Judicial (OIJ) ha designado a un analista penal especializado en el fraude informático en el sector bancario. Este profesional tiene acceso a datos de todo el país y se encarga de compilar informes mensuales, semestrales y anuales que detallan el comportamiento de este tipo de delitos. Además, desde 2024, se ha creado una sección especial dentro de la OIJ dedicada específicamente al combate del fraude informático, lo que demuestra un enfoque proactivo en la lucha contra este fenómeno delictivo.

El Ministerio Público ha declarado que gracias a la colaboración estrecha con la OIJ, pueden participar de manera más eficaz en la identificación y respuesta a estas amenazas. Finalmente, la Unidad de Inteligencia Financiera del Instituto Costa Rica sobre Drogas (DAI) promete realizar un seguimiento riguroso a los casos de delitos organizados, analizando en profundidad las estructuras criminales dedicadas al fraude informático, especialmente en lo que respecta a sus consecuencias sobre las cuentas bancarias de los ciudadanos.