El Gobierno de la República ha tomado la decisión de vetar el proyecto de ley referente a una pensión temprana para los agentes de la Agencia de Investigación Judicial (OIJ), estableciendo que estos puedan retirarse a la edad de 55 años. Esta medida ha causado revuelo y ha llevado a un intenso debate dentro del ámbito político y social.

El texto legislativo, que fue enviado al Congreso, corresponde al comercio de 0285-2025, y expone claramente la razón detrás de la implementación del veto total. Según lo indicado en el documento, la decisión se ha fundamentado en cuestiones de “oportunidad, facilidad y constitucionalidad”, aspectos que el Gobierno considera vitales para la correcta aplicación de la ley en cuestión.

Esta información ha sido confirmada por la presidencia del Consejo Legislativo del Grupo Extra, lo que añade un peso adicional a la decisión tomada por el Ejecutivo. En este contexto, es importante entender que el veto se aplica cuando la administración actual no está de acuerdo con la legislación que ha sido aprobada por la Asamblea Legislativa. De esta manera, el proyecto de ley vuelve nuevamente al Congreso para su posterior discusión y análisis.

Durante una conferencia de prensa celebrada el 23 de abril, el presidente de la República, Rodrigo Chaves, adelantó que la legislación sería objeto de veto, lo que generó diversas reacciones entre los diferentes sectores involucrados y la ciudadanía en general.

El proyecto

En su segunda lectura, los delegados aprobaron el proyecto con un total de 40 votos a favor, mientras que solo siete votaron en contra. Este proyecto de ley permite que los agentes de OIJ puedan optar por un retiro anticipado a la edad de 55 años, lo que plantea una serie de consideraciones tanto desde el ámbito laboral como económico.

El documento en discusión, conocido como archivo 22817, estipula “Adición de artículos 226 BIS y 226 a la Ley No. 7333, Ley Orgánica del Judicial, del 5 de mayo de 1993, y sus reformas”. Esta iniciativa fue presentada por el exdiputado independiente, Dragos Dolanescu, durante el último período constitucional, y ha sido objeto de análisis y debate en múltiples ocasiones.

¿Cuál es la planificación de la iniciativa?

La propuesta establece parámetros claros para el cálculo de la jubilación. Según la misma, si un agente cumple con la edad de 55 años pero no ha alcanzado el requisito de años trabajados, el cálculo se realizará de la siguiente manera:

• Una vez que el agente cumpla con el requisito de edad, su jubilación se determinará en relación con su edad concreta, siempre que esta sea de al menos 55 años.
• El cálculo también tomará en cuenta los años servidos en el poder judicial, siempre que el total no sea inferior a diez años.

En este momento, los delegados están considerando la posibilidad de eliminar el veto presidencial, un proceso que requerirá que se obtengan al menos 38 votos a favor, lo que requerirá un considerable esfuerzo por parte de los promotores de la iniciativa.

Leer más: Legislación aprobada para que los agentes OIJ se jubilen a los 55 años