La fracción del Frent Amplio Party (FA) ha decidido tomar un descanso final en el contexto del Archivo 24.495. Esta acción busca expandir los horarios de operación de la Agencia de Investigación Judicial (OIJ), abarcando las 24 horas del día, los fines de semana y durante las vacaciones. Esta decisión surge como respuesta a las necesidades de una mayor flexibilidad en la investigación judicial, algo que se ha vuelto indispensable en el actual panorama social y de seguridad.

Sin embargo, el presidente de la República, Rodrigo Chaves, ha decidido aplicar un veto doble a la Reforma de la Ley de Procedimiento Penal, sustentando su decisión en razones de “Constitucionalidad”. Este veto total fue emitido un día después de que tanto la oficina del abogado general, como los OIJ del gabinete, se encontraran involucrados en investigaciones vinculadas a casos de corrupción y manejo irregular en el país, lo que ha generado inquietud en diversas esferas de la política y la sociedad.

La diputada Rocío Alfaro, quien es la jefa de fracción del partido máximo, se pronunció antes de que se tomara la decisión del presidente Chaves. Ella expresó la importancia del proyecto y su impacto en la seguridad nacional. En su intervención, Alfaro mencionó lo crucial que es para el Frent Amplio alzar su voz en apoyo a esta iniciativa, subrayando que la seguridad de todo el país está en juego. “El frente amplio dará su voz para confiar nuevamente, porque es importante para la seguridad de todo el país”, afirmó el diputado, dando un claro mensaje sobre la necesidad de reformas en el sistema judicial.

Alfaro también lanzó críticas hacia la administración actual, manifestando su preocupación por las estrategias que, según ella, se utilizan para obstaculizar mejoras en el sistema judicial. “Creemos que es muy malicioso que todas las estrategias se usen para expandir la posibilidad de resolvernos. Nos parece que el poder judicial es atacado exactamente para evitar que cumpla sus funciones y que es muy malo del ejecutivo”, aseguró, indicando así una clara posición crítica frente a las acciones del presidente.

Chaves agrega otro veto

Esta controversia corresponde al décimo veto impuesto por el presidente Chaves durante su mandato, específicamente el segundo en el mes de mayo. Este acto se produce después de que un total de 33 delegados aprobaran, en el segundo y último debate, el archivo para una reforma del Código de Procedimiento Penal, permitiendo de esta manera eliminar las restricciones horarias que limitan las redadas judiciales.

El archivo ahora tendrá que regresar al Congreso para ser evaluado nuevamente. Sin embargo, en virtud de las disposiciones legislativas y la ley vigente, el procedimiento de veto no podrá ejecutarse en este momento, dado que el proyecto no será discutido en sesiones extraordinarias. Esto trae consigo que el establecimiento de una comisión dominante para el archivo, así como el requerimiento de un voto de un descanso final y la consulta de constitucionalidad ante la sala IV, deberán esperar hasta el próximo mes de agosto, momento en que reiniciarán las sesiones habituales. El gobierno, por su parte, tendrá control sobre la agenda legislativa hasta el 31 de julio.

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