El consumo y distribución de dispositivos de vapeo en los centros educativos ha dejado de ser un fenómeno aislado para convertirse en una realidad cotidiana y cada vez más organizada.

Expertos en consejería advierten que algunos estudiantes están reproduciendo estructuras similares a las del crimen organizado para introducir y vender estos dispositivos dentro de las escuelas.

José Miguel Chavarría, representante del Colegio de Profesionales de Orientación y especialista en Ciencias Criminológicas, explicó que se detectaron roles definidos entre los estudiantes, como cabezas de ring que coordinan acciones, repartidores internos y “campanas” que avisan de la presencia de autoridades.

“Incluso esconden los humos en los techos o en los tanques de los baños para evadir los controles”, afirmó.

Datos del Ministerio de Educación Pública (MEP) muestran que el 65% de los casos detectados corresponden a la población masculina y que los estudiantes de séptimo año son los más vulnerables, debido al tránsito a la secundaria.

Además de los riesgos de adicción y daño pulmonar, se denuncian disputas por el “control territorial” y comportamientos desafiantes hacia las autoridades.

Si bien la Ley 10.066 regula estos dispositivos desde hace cuatro años, la falta de capacitación y la ausencia de protocolos actualizados dificultan la respuesta institucional.

“No basta con tener una normativa escrita. Se requiere capacitación continua, alianzas con las familias y acciones coordinadas”, subrayó Chavarría.

El Colegio de Profesionales de la Orientación (CPO) pide a las autoridades y a los hogares que actúen juntos para limitar el problema.