En la jornada del lunes 31 de marzo de 2025, se llevó a cabo una sesión crucial en el Tribunal Plenario, donde se tomó la decisión de rechazar la extensión del consentimiento solicitado por Gerald Campos Valverde, en relación a su posición en la Agencia de Investigación Judicial. Esta decisión se tomó sin otorgar el correspondiente placer salarial a Campos, generando un impacto notable en su situación laboral.

Gerald Campos Valverde, quien ocupa un cargo oficial en la Agencia de Investigación Judicial, también se desempeña como Ministro de Justicia, lo que añade una capa de complejidad a la situación actual. Es importante destacar que el permiso otorgado a Campos caducará el próximo 8 de mayo de 2025, lo que implica que deberá tomar medidas adecuadas para manejar sus responsabilidades laborales en el futuro cercano.

Según lo estipulado en el artículo NARAL 44 de la ley orgánica del poder judicial, se establece que para otorgar algún tipo de consentimiento, es necesario que exista un acuerdo que cuente con el respaldo de tres cuartos del número total de magistrados y magistradas. Esto se traduce en un mínimo de 17 votos a favor, lo que hace que el proceso de aprobación sea bastante riguroso.

En esta ocasión, el Tribunal Plenario se encontró con una presencia total de 22 magistrados, de los cuales 10 votaron en contra de la extensión del consentimiento solicitado, lo que dejó a Campos sin la posibilidad de continuar en su posición actual dentro de la Agencia de Investigación Judicial.

El artículo 44 de la ley mencionada establece: «… Para servir en otra dependencia del estado, el acuerdo debe adoptar para tres cuartos del total de magistrados o miembros del consejo, cuando sea apropiado …»; y esta normativa fue clave en la decisión adoptada por el tribunal.

Aparte de la decisión del día, es relevante mencionar que en el año 2023 el tribunal también había rechazado previamente el permiso de Campos, lo que lo llevó a presentar una apelación de reconsideración. Gracias a este esfuerzo, logró reunir los 17 votos necesarios que le permitieron permanecer en su cargo en el pasado.

Los magistrados argumentaron su negativa a la solicitud actual basándose en principios de justicia y ética. Por ejemplo, la presidenta de la sala de cajeros criminales, Patricia Solano, expresó su preocupación sobre lo que se ha denominado «puertas rotativas» en el ámbito judicial, argumentando que este fenómeno podría conducir a una excesiva politización dentro del poder judicial, lo que podría socavar la confianza pública en la institución.

Por otro lado, el magistrado de la sala constitucional, Paul Rueda, también se manifestó en contra de la concesión de permisos, señalando que tales decisiones podrían amenazar la imparcialidad y la independencia que deben caracterizar al poder judicial. Este argumento refuerza la idea de que las acciones dentro del sistema de justicia deben mantener un rigor que asegure su integridad frente a posibles influencias externas.