Recientemente, los agentes de la Agencia de Investigación Judicial (OIJ) llevaron a cabo un total de 22 operaciones relacionadas con su investigación sobre una supuesta prima otorgada en conexión con el acuerdo para la rehabilitación de la pista del aeropuerto de Liberia. Como resultado de estas investigaciones, el exministro Mauricio Batalla fue arrestado en su domicilio.

El exfuncionario del Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT), Mauricio Batalla, fue detenido por agentes en su residencia. Esta operación se llevó a cabo a primeras horas de la mañana del martes 13 de mayo, específicamente a las 8:30 de la mañana.

Además de Batalla, los agentes de la OIJ lograron arrestar a otras personas involucradas en el caso, entre los cuales se encuentran:

• Alejandro Picado, quien se desempeñaba como presidente del Consejo Nacional de Emergencias (CNE).
• Marcos Castillo, que ocupa el puesto de Director de Aviación Civil.
• Un individuo identificado como Villalobos.

Investigación

Las investigaciones en curso están centradas en una serie de supuestas irregularidades vinculadas a la declaración de emergencia que facilitó la rehabilitación del piso de aterrizaje en el Aeropuerto Internacional Daniel Oduber, ubicado en Liberia. Esta situación ha despertado gran interés y preocupación en la ciudadanía, dada la magnitud de las implicaciones económicas y legales que conlleva.

Los hechos trascendidos hasta ahora se están analizando bajo el expediente número 24-000454-1218-PE. En este archivo se delinean los detalles que respaldan las acusaciones. Según el cuerpo acusatorio, se sostiene que la justificación del estado de emergencia fue falsamente presentada. Los daños en la pista, que se alegaron como consecuencia de un fenómeno natural relacionado con un capó de tormenta tropical y otras ondas tropicales que se manifestaron en 2022, fueron, en realidad, presentados como daños atribuibles únicamente a fenómenos naturales.

Esta tergiversación permitió que se modificara una decisión ejecutiva, integrando a Liberia en una declaración de emergencia que abarcaría gran parte del país, lo que generó un contrato con un monto considerable de $39.9 millones. La polémica se centra en cómo se gestionaron los recursos para este contrato y si se actuó dentro del marco legal establecido.

Es importante resaltar que cuando se otorga un estado de liberación de emergencia, los procedimientos para llevar a cabo las obras se simplifican notablemente. Esto implica que los trabajos se pueden ejecutar en un tiempo reducido, permitiendo el acceso inmediato a los recursos financieros necesarios, sin requerir la aprobación previa de la Contraloría General de la República (CGR), lo cual ha suscitado críticas y cuestionamientos sobre la transparencia del proceso.