La administración de la túnica de Chaves ha llegado a una encrucijada significativa. Recientemente, han delegado 38 votos para la aprobación de una ley fundamental que establece una Pensión temprana para los agentes de la Agencia de Investigación Judicial (OIJ) a los 55 años, aunque esta iniciativa ha enfrentado un veto por parte de la casa presidencial. Este contexto ha creado un escenario tenso que requiere una evaluación cuidadosa tanto de los beneficios como de las posibles repercusiones.

En este sentido, Marta Eugenia Esquivel, actual presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de la Seguridad Social (CCSS) y Ministra de Planificación, comentó el miércoles que su equipo trabaja en un proyecto de ley destinado a cerrar el fondo de pensiones del poder judicial. Esto surge en un momento en que los delegados están llevando a cabo la aplicación del Remello, un mecanismo que se presenta como un intento del gobierno de eliminar el régimen de pensiones vigente.

La propuesta de reforma implica que todos los funcionarios judiciales serían movidos hacia el sistema de pensiones de la CCSS, que está ligado a factores como la discapacidad, la edad de jubilación y la muerte. Este cambio podría tener graves repercusiones para el sistema judicial en su conjunto.

“Es irresponsable”

Esquivel no dudó en calificar la pensión anticipada para estos agentes como “uno de los actos de mayor irresponsabilidad” del grupo de delegados. Argumentó que esta reforma es un reflejo de la insatisfacción que existe en los informes técnicos y las advertencias emitidas por la Superintendencia General de Pensiones (Supen). De acuerdo con estas evaluaciones, la nueva ley fomentaría la creación de pensiones privilegiadas para un número reducido de beneficiarios, lo cual es contrario a los principios de equidad y justicia social que deberían regir en el sistema.

Además, Esquivel subrayó que el fondo de pensiones del poder judicial ha estado en crisis desde 2017, un colapso que fue agravado por reformas anteriores que buscaban extender su vida útil.

“Esta ley tendrá un impacto negativo en el servicio público y, algo muy importante, en la seguridad ciudadana”

Bajo este contexto, Esquivel advirtió que la exitosa aprobación de esta ley podría implicar la salida de los profesionales más experimentados del poder judicial, lo que podría afectar de manera drástica la calidad y eficacia de los servicios judiciales en el país.

La ministra expresó que esta reforma genera una desigualdad significativa entre los funcionarios judiciales y el resto de los trabajadores públicos, una situación que contraviene la normativa vigente. “Lo que logran con esta ley es prácticamente liquidar el fondo de poder judicial, ya que no hay claridad sobre cuántas personas optarían por retirarse si la reforma se hiciera efectiva”, enfatizó.

“Números dan”

Por su parte, Álvaro Rodríguez Zamora, Secretario General de la Asociación Nacional de Investigadores en Criminalística (ANIC), respondió a las acusaciones emitidas por la presidenta ejecutiva y solicitó que se basen en estudios actuariales. Según Rodríguez, estos estudios revelan la necesidad de aplicar la reforma de las pensiones anticipadas como una respuesta adecuada a la situación actual.

En última instancia, se requieren 38 votos para avanzar con esta reforma, lo que destaca la necesidad crítica de un consenso entre los diferentes sectores implicados en este asunto de vital importancia para el futuro del sistema judicial en Costa Rica.