La reciente situación relacionada con la política costarricense ha levantado una ola de asombro y controversia, especialmente tras la decisión del gobierno de los Estados Unidos de revocar la visa B1/B2 de Vanessa Castro, quien ocupa el cargo de representante adjunta de la unidad cristiana. Este acto ha sido interpretado como un movimiento drástico y ha generado un torrente de reacciones tanto en el ámbito político como en la opinión pública.
La noticia fue publicada en los medios el martes, cuando la legislatura de Costa Rica recibió una comunicación oficial de la embajada de los Estados Unidos confirmando la eliminación de la visa. Esta acción es parte de un patrón más amplio, ya que Castro se ha convertido en el cuarto diputado que enfrenta la cancelación de su derecho a ingresar a Norteamérica, siguiendo los pasos de otros políticos como Johana Obando, Cynthia Córdoba y el libertario Francisco Nicolás. Este hecho ha resaltado la creciente tensión en la relación entre ciertos políticos costarricenses y el gobierno estadounidense.
La decisión tomada por el Departamento de Estado de Estados Unidos se llevó a cabo el 31 de marzo y se comunicó en el lunes subsiguiente. Las razones expuestas para este drástico acto son las mismas que se dieron en el caso de Obando y Córdoba, la cual se basa en la aparición de “información que indica que no podría ser elegible”. Este tipo de justificaciones ha sembrado incertidumbre sobre qué criterios están utilizando los Estados Unidos para evaluar la elegibilidad de sus aliados en la región.
Lo curioso es que esta noticia coincide con otro evento, donde también se tomó la decisión de revocar la visa al ex presidente y Premio Nobel de la Paz, Oscar Aria, quien ha convocado una conferencia de prensa para aclarar su situación en la tarde del mismo día. Esto ha generado aún más revuelo, especialmente considerando el estatus de Aria en la política costarricense y su reputación internacional.
Por el momento, la bancada de la legislación social cristiana no ha hecho declaraciones sobre la situación de Castro, lo que deja abierta la posibilidad de que exista un desacuerdo interno en cómo deben abordar este desafío. Hasta ahora, Castro ha mantenido varios enfrentamientos con el presidente Rodrigo Chaves, a quien le ha hecho acusaciones serias sobre su gestión, incluso describiéndolo como el “arquitecto” de despidos en una empresa de comunicación donde ella trabajaba como abogada. También, el año pasado, subrayó que tenían el poder de veto sobre la elección del cargo presidencial en el seno de la asamblea legislativa.
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