Él Congreso salvadoreño aprobó una reforma impulsada por el presidente Nayib Bukeleque permite la aplicación de cadenas perpetuas por delitos relacionados con asesinato, violación y terrorismo.

Ante esto, se ha alimentado la discusión sobre una posible reforma similar en Costa Rica; Sin embargo, los contextos son muy diferentes, según Karen JiménezDirector de Ciencias Policiales de la Universidad Estatal a Distancia (UNED).

“Costa Rica y El Salvador tienen dos historias y contextos socioeconómicos total y completamente diferentes. Hasta la fecha en Costa Rica no existe privación de libertad sin el debido procesoSe ha demostrado a través de informes de organizaciones no gubernamentales que este tipo de prácticas son cotidianas en El Salvador”, explicó Jiménez.

A esto se suma la terquedad de cada pueblo; en Costa Rica, un modelo de garantía donde la arbitrariedad es limitada y reina la prioridad debido proceso; El caso salvadoreño está más orientado hacia el securitarismo y donde la reintegración no suele ser una prioridad.

“Es un delito continuo, lo mismo reglas de pandillas Establecen que nadie deja de ser miembro hasta el día de su muerte”, declaró recientemente Bukele sobre la condena a cadena perpetua.

Pese a ello, según Jiménez, estudios historicos Señalan que el endurecimiento de las penas no tiene ningún impacto disminución del crimen y en cambio genera hacinamiento carcelario, así como exceso de gasto al mantener a los condenados de por vida.

“En lugar de invertir este dinero en llevar a estas personas a las cárceles y dejarlas abandonadas, lo ideal es utilizarlo e invertirlo en acciones que garanticen reinserción social de estas personas”, explica el especialista.

Alcance legal en el país.

Como lo señala abogado constitucionalista esteban alfaropara aplicar esta medida reforma constitucional; Sin embargo, los acuerdos internacionales serían la lápida sepulcral de la hipotética iniciativa.

“No sería compatible, tanto por la jurisprudencia de la Sala Constitucional sobre la materia, según el artículo 40; como por la jurisprudencia de la propia Sala Constitucional. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y una reforma en ese sentido desde el punto de vista esencial puede ir en contra del artículo 5 de la Convención Americana”, repasó.

El abogado explicó que el jurisprudencia es eficaz en materia de cadenas perpetuas para menores, aunque también se pueden encontrar violaciones principios de resocialización en el caso de adultos.

“Si acaba prosperando tendré mis reservas y mis dudas de que pueda caer. Este tipo de reforma puede ser impugnada ante tribunales nacionales e internacionales; tanto a nivel de la Sala Constitucional como también a nivel sustantivo en el sistema interamericano, es una reforma que eventualmente puede caer”, afirmó el jurista.

Aunque el tema no fue abordado como una prioridad para los siguientes GobiernoLa presidenta electa, Laura Fernández, prometió penas más duras contra la delincuencia en ella. Plan de Gobierno 2026-2030.

Una posible reforma sobre este tema requeriría 38 votos en la Asamblea Legislativa; El partido gobernante tiene 31 escaños para la próxima administración.